En el contexto del actual sistema capitalista-imperialista mundial, después de tres décadas de imposición de la estrategia neoliberal del gran capital transnacional y local en el escenario dominicano, es necesario examinar lo acontecido recientemente en nuestra sociedad y con esos fines quiero, al finalizar este 2018 y avecinarse el 2019, compartir con los lectores de este espacio semanal una parte de las ideas que debatimos y consensuamos en el reciente proceso congresual del MOVIMIENTO CAAMAÑISTA y que forman parte de su tesis sobre el proceso político-social de nuestro país.
La burguesía transnacional (corporaciones extranjeras) y la gran burguesía “criolla”, subordinada a las superpotencias capitalistas, son las que dominan nuestro país.
A la cabeza de ese bloque están los grandes bancos junto a las mineras, los centros comerciales, empresas de servicios variados (salud, seguridad social, educación, comunicación, transporte, turismo…) monopolios y cárteles de la alimentación, construcción, medicamentos y productos industriales y agroindustriales de todo tipo.
La apropiación del producto del trabajo de nuestro pueblo y de la inmigración haitiana, y el asalto al patrimonio público y natural de país por ese cogollo empresarial, ha contado con la complicidad y la asociación de los jefes de la partidocracia tradicional, que corrompiendo y comercializando la política y el uso del Estado, e imponiendo un régimen de impunidad, han garantizado enriquecimientos veloces a beneficio propio y de la clase dominante.
La cúpula de la llamada “clase política” ha pasado así a formar parte de los nuevos ricos, asociada parcialmente a sectores de la gran burguesía privada, pero con fuerza propia y grandes fortunas ubicadas aquí y en el exterior.
En el manejo de esa corruptela ha predominado la alta dirección del PLD y aliados, y dentro de ella sus facciones leonelista y danilista, sin descargar del pillaje histórico a las jefaturas del PRSC, PRD-PRM y grupos satélites.
El PLD, combinando su fuerza disciplinada (verticalmente estructurada y dirigida con métodos autoritarios), contando desde el 2008 con una mayoría congresual y enormes recursos económicos (producto de la corrupción), usando y abusando del poder acumulado, aprobó una nueva Constitución (2010), hecha a la medida de sus afanes dictatoriales.
Se trata de una Constitución profundamente neoliberal-privatizadora, autoritaria y presidencialista; destinada a fortalecer la dictadura de clase y la dictadura política-institucional impuesta anteriormente por el balaguerismo (1966-78 y 1986-96) y efímeramente por el PRD (2000-2004); debilitando el régimen bi-partidista y tri-partidista, y transformándose en una corporación política y económica que maneja Estado y patrimonio nacional como si fueran de su propiedad.
Esa realidad institucional y esa conformación del poder constituido se resumen en una DICTADURA CONSTITUCIONAL MAFIOSA regenteada primero por el Presidente Leonel Fernández, y luego heredada y reforzada a su favor por el Presidente Medina; a la que aspiran partidos de oposición de parecida calaña, aunque con menos agallas y capacidades despóticas.
Esta DICTADURA CONSTITUCIONAL MAFIOSA está cruzada transversalmente por variadas relaciones de poder, opresiones y discriminaciones: capitalismo voraz, patriarcado, dictadura de los adultos, sobre-explotación y maltrato a inmigrantes haitianos, homofobia, racismo, depredación-contaminación ambiental con elevados costos para la nuevas… gravitando negativamente desde todos los poderes en Estado, partidos, empresas, iglesias, familia y espacios territoriales.
Este gobierno es una síntesis condensada de corrupción, impunidad, depredación, contaminación y anti-valores… montado sobre un Estado y un capitalismo dependiente de similar calaña.
Este gobierno, cada vez más cuestionado, desacreditado y deslegitimado, sigue controlando desde el Poder Ejecutivo todas las instituciones estatales, incluido el sistema judicial y el aparato electoral imponiendo contra gran parte del pensar y los reclamos de la sociedad un régimen de impunidad y trampas.
Esa institucionalidad se ha reciclado periódicamente mediante mecanismos electorales funcionales al clientelismo, al soborno y al fraude, en el que su contraparte es una oposición maleada e incapaz de dar un producto muy diferente al hoy predominante; por lo que cualquier otro que se suba y respete esta institucionalidad, termina bailando el mismo ritmo.
Ahora lo nuevo –además de la intensidad y descaro con que imponen esas prácticas nefastas- son las contra-partidas populares en gestación:
-El formidable movimiento Marcha Verde por el fin de la impunidad y la potencia que va adquiriendo el repudio popular a TODO TIPO DE MAFIAS y a sus consecuencias en penurias y miserias.
-La avalancha en defensa del agua y la vida, contra la entrada de la minería metálica a la Cordillera Central por su lado Norte (Loma Miranda) o por el Sur (San Juan) o por el Oeste (Restauración).
– La indignación nacional contra la violencia de género y los femenicidios impunes.
-El auge y la proliferación de un enorme abanico de protestas y movilizaciones de todos los sectores agobiados por las calamidades que los azotan,
En tales condiciones solo los movimientos sociales y políticos-sociales en lucha y las corrientes políticas revolucionarias impugnadoras de esta dictadura institucionalizada, ejerciendo la democracia de calle, asumiendo un proceso destituyente del gobierno de turno y su presidente, y provocando la quiebra por esa vía de esta institucionalidad.
En esa dirección procede completar esa determinación política con una opción alternativa, que no puede ser otra que abrir las compuertas de un PROCESO CONSTITUYENTE que comience por construir Poder Constituyente desde abajo a todo lo largo y ancho del país, que asuma la ruptura de esta institucionalidad putrefacta y la correspondiente transición hacia una Asamblea Constituyente Popular y Soberana como medio para remplazar este Estado en franca degradación y descomposición, y dotar al país de una nueva institucionalidad y una nueva Constitución profundamente democráticas.
Y esto es válido para el periodo actual hasta los comicios del 2020 y más allá.
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