«Cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos es lícito para la comunidad internacional manifestarse, sin que de ninguna manera ello pueda ser considerado una injerencia», indica un comunicado de la Cancillería costarricense.
La Cancillería manifestó su rechazo a una nota verbal dada a conocer el domingo por el Gobierno nicaragüense, en la que acusó a Costa Rica de emitir «afirmaciones infundadas e injerencistas» tras la muerte en una cárcel de un preso opositor y le exigió no inmiscuirse en asuntos internos.
El viernes anterior, el Gobierno de Costa Rica expresó su repudio y condenó la muerte del opositor de nacionalidad nicaragüense y estadounidense, Eddy Antonio Montes Praslín, quien recibió un disparo de un custodio en una prisión en Nicaragua.
En el comunicado de este martes, la Cancillería costarricense asegura que la muerte de Montes «es un hecho real, conocido internacionalmente, al igual que lo es la detención de cientos de ciudadanos nicaragüenses que se encuentran privados de libertad en prisiones de ese país por sus posiciones políticas».
Costa Rica recordó informes y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que documentan y censuran las «graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua» desde que se desató la crisis.
Costa Rica reiteró hoy la solicitud a Nicaragua de que libere a la periodista nicaragüense costarricense Lucía Pineda Ubau, acusada de terrorismo, y que a la vez se le brinden plenas garantías del debido proceso y protección a su integridad personal.
En la nota verbal del pasado domingo, el Gobierno de Nicaragua señala a Costa Rica de violar los derechos humanos de líderes indígenas, sociales y ambientales.
El Gobierno de Costa Rica afirmó hoy que «desvirtúa las acusaciones del régimen de Managua, que pretende equiparar algunos casos de incidentes aislados de personas en Costa Rica que murieron, incluso más de 20 años atrás (…) con los cientos de muertes que se han producido como resultado directo de acciones del Gobierno de Nicaragua a partir de abril 2018».
Según Costa Rica, casos citados por Nicaragua corresponden a personas que murieron a manos de particulares y que han sido tratados mediante «investigaciones judiciales independientes y con pleno respetos a las garantías judiciales y fundamentales».
«Sencillamente no hay punto de comparación, por lo que la mención de varios fallecidos citados por Nicaragua, no es de recibo», sostuvo Costa Rica.
Nicaragua sufre una crisis sociopolítica desde abril de 2018 que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos.
Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno del presidente Daniel Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La CIDH también cuenta al menos 809 «presos políticos», más del doble de los que reconoce el Gobierno, que los denomina «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
