Esta investigación permitió establecer, luego del minucioso examen de miles de documentos, que el trabajo realizado por el Ministerio Público no incluye aspectos específicos a los que tuvimos acceso y que podrían ampliar los ilícitos del caso y el número de involucrados en el país.
Cuando el caso del millonario escándalo de sobornos pagados por Odebrecht para obtener contratos de obras públicas en el país está próximo a entrar en el juicio de fondo a 6 imputados, investigaciones periodísticas encabezadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual formamos parte, han puesto al descubierto un capítulo hasta ahora no conocido y con incidencia local sobre el gran entramado de corrupción propiciado por la transnacional brasileña.
Esta investigación permitió establecer, luego del minucioso examen de miles de documentos, que el trabajo realizado por el Ministerio Público no incluye aspectos específicos a los que tuvimos acceso y que podrían ampliar los ilícitos del caso y el número de involucrados en el país.
De los más de 55 millones de dólares detallados para obras específicas, con sus nombres en clave y provenientes de empresas que Odebrecht dijo eran parte del esquema de sobornos, 39.5 millones están consignados para el proyecto de la Planta Termoeléctrica de Punta Catalina, canalizados no solo a través de las empresas de Angel Rondon, sino a través de otras 8 empresas off shore.
¿Hay pagos en esta información que no forman parte de los 92 millones de dólares que la constructora admitió haber pagado en sobornos?
Otro detalle es que encontramos 14 órdenes de pago, entregados a la Procuraduría por Odebrecht, que contaban con nombres claves.
¿Por qué el Ministerio Público no se preocupó en llegar a esos nombres, por qué no figuran en el expediente acusatorio?
Hoy Odebrecht dijo que no toda la información en esos documentos, del sistema de comunicaciones secreto Drousys de la División de Operaciones Estructuradas, a cargo de los sobornos, podían se considerada como actos de corrupción.
Sin embargo, no entendemos el porqué pagos legítimos y supuestamente justificados, tienen que ser identificamos con nombre en clave no de forma clara y precisa con sus respectivos beneficiarios.
Además la constructora dijo que todos los documentos de Drousys fueron depositados ante el Ministerio Público de Brasil y en el departamento de justicia de Estados Unidos desde hace tres años.
Pero, tenemos un acuerdo con Odebrecht, que dice deben entregar toda información que conlleve a identificar a las personas que recibieron los sobornos. Nos preguntamos si entregaron esta información a la Procuraduría?
Ademas, ¿solicitaron nuestras autoridades todos estos registros a Brasil y Estados Unidos? Si lo hicieron, los datos no están en el expediente.
También queda el tema de los consorciados que recibieron dinero a través de empresas offshore, ¿tenían conocimiento de que los recursos venían de empresas creadas con fines de distribuir pagos ilícitos, más allá de los montos relativos a pagos por trabajos y servicios prestados?
Todos esos interrogantes deben ser objeto de una debida clarificación.
La pelota está en la cancha de la Procuraduría.
El país en su conjunto espera que dé respuestas serias y creíbles y que haya un sistema de consecuencias, sin impunidad ni exclusiones.
Las autoridades andan de corre corre monitoreando el alza del petróleo, luego de que este superara los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022 en medio de la guerra en Medio Oriente. Si cuando los precios internacionales estaban bajos los combustibles locales no bajaron, imagínense ahora.
9 marzo 2026
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