Matan a balazos a un exmilitar nicaragüense y a su hijo, denuncia oposición

Los opositores eran «perseguidos políticos» por el régimen sandinista y fueron asesinados en el municipio hondureño de Trojes, fronterizo con Nicaragua, según esa coalición, capítulo Jinotega, departamento de donde eran originarios los fallecidos.

El exmilitar era conocido como «Comandante cabezón» y era hermano del productor agrícola Oliver Montenegro, que fue asesinado en enero pasado en el municipio nicaragüense de El Cuá (norte).

Los dos fallecidos se habían refugiado en Honduras desde el año pasado tras recibir amenazas de simpatizantes sandinistas que los señalaban de ser dirigentes de los tranques o bloqueos de vías con los que la oposición presionó al Gobierno de Ortega en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018.

Los dos hombres iban la noche del jueves a bordo de una motocicleta cuando fueron emboscados y asesinados a balazos por desconocidos, según sus familiares.

«Comandante cabezón» fue miembro de la «contra» o Resistencia Nicaragüense que combatió con las armas al primer Gobierno sandinista (1979-1990) en medio de una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos de ambos bandos.

Posteriormente se reinsertó a la vida civil como productor agrícola en el municipio de Wiwilí, Jinotega, donde residía, y el año pasado se sumó a las protestas ciudadanas contra el Gobierno de Ortega.

El 15 de septiembre pasado, la Policía de Nicaragua informó que un «grupo (de) terroristas golpistas que se dedicaban a cometer crímenes en tranque de Wiwilí, encabezado por el terrorista Edgard Montenegro Centeno», habría asesinado «con armas de fuego y armas blancas al trabajador y policía voluntario Héctor Noel Moreno Centeno».

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes «de lesa humanidad» en medio de la crisis.

El caso de Nicaragua es estudiado en Medellín, Colombia, en la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ha puesto en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra el país centroamericano, por violación al orden constitucional, que de ejecutarse le dejaría fuera del organismo.