Argentina firma un acuerdo para el registro nacional genético de violadores

Buenos Aires.- El Gobierno argentino firmó este jueves un convenio con el de la Ciudad de Buenos Aires para localizar a los delincuentes cuyo perfil deba vincularse al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

El trabajo del RNDG es recibir y entrelazar los perfiles de ADN de los agresores sexuales con condena firme, además de colaborar con el Poder Judicial para esclarecer los delitos de esta índole.

El acuerdo rubricado hoy entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el vicealcalde de Buenos Aires, Diego Santilli, permitirá que el Ejecutivo capitalino comunique de forma inmediata al RNDG los casos en los que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos, que funciona en la ciudad desde abril pasado, identifique a condenados por delitos sexuales en situación de rebeldía ante la Justicia.

Esas personas serán puestas a disposición de los respectivos juzgados.

«El desafío del Estado es tratar de combatir la impunidad para que los delitos que se cometan puedan ser juzgados y los responsables identificados», declaró Garavano en el acto en el que se firmó el convenio, al que acudieron, entre otros, miembros de la asociación civil Madres del Dolor, formada por mujeres que perdieron a sus hijos de forma violenta e impulsora del registro.

El funcionario del Gobierno de Mauricio Macri añadió que es esa impunidad la que «genera un círculo vicioso ya que cuando la persona tiene miedo de ser identificada se cuida más y no comete esos hechos con lo cual hay una víctima menos».

Por su parte, Santilli señaló que el objetivo es que todos aquellos bajo la disposición de la Justicia por un delito sexual entren en el banco genético para permanecer «bien registrados» y «determinar y seguir cada una de estas situaciones».

En el acto también se presentó el software de Búsqueda Forense, localizado en el Sistema Integral de Vídeo Vigilancia de la Ciudad, cuya función es colaborar con las investigaciones judiciales o policiales que requieran un análisis de las imágenes registradas por las 7.329 cámaras, instaladas en toda la capital.

El sistema realiza una búsqueda determinada en función de las pautas que proceden a una investigación, como vehículos, lugares, personas u objetos.

El Ministerio de Justicia explicó que en 2018 el Centro de Monitoreo Urbano recibió 39.757 requerimientos de la Justicia tanto federal, como nacional, provinciales o de la ciudad, para que se aportasen registros fílmicos a las investigaciones realizadas.