Derroche mal contado

Aunque ciertamente es un paso de avance que el presente proceso electoral se esté haciendo finalmente al amparo de una ley de partidos políticos demorada por más de quince años y una nueva ley de régimen electoral, y que las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE) hayan cumplido con ir dictando los reglamentos necesarios, como es el caso del reglamento de fiscalización y control financiero de los partidos; el marco legal aprobado es defectuoso, como ha sido comprobado con la declaratoria de inconstitucionalidad de múltiples artículos de las mismas en el corto tiempo de su vigencia, así como expresamente laxo y ambiguo en muchos aspectos.

Muestra fehaciente de la laxitud de la ley de partidos 33-18 y de la ley de régimen electoral 15-19 son los muy altos topes de gastos establecidos para la precampaña, que en el caso del nivel presidencial para el presente proceso electoral es de 519,465,870.00 millones de pesos.

Los montos de aportes y gastos declarados  por los precandidatos del PLD y el PRM según el informe provisional dado a conocer recientemente por la JCE reflejan la enorme desigualdad que siempre se ha sabido existe, entre los recursos a los que tienen acceso los candidatos del partido en el gobierno y los de la oposición, más de 535 millones de pesos en el caso del partido oficial, y apenas un poco más de 56 millones de pesos para el principal partido de la oposición, aunque como los datos informados solo cubren el período computado desde el inicio de la precampaña, esto es a partir del 7 de julio pasado,  el gasto de algunos precandidatos que participaron en el período previo a la precampaña no está incluido en ese informe.

A pesar de que estos topes son muy altos sabemos que probablemente estas declaraciones de los precandidatos no representan ni la totalidad de los aportes recibidos ni de los gastos realizados,  puesto que hay aportes que no serán transparentados como es el uso de vehículos y otros bienes oficiales, y que como los aportes de empresas no están permitidos, el riesgo de que estos se den  mediante mecanismos alternos es alto, o de que se hagan a nombre de fundaciones relacionadas a los precandidatos  o como pagos por supuestos servicios prestados.

Terminada la precampaña una vez seleccionados oficialmente los candidatos, el contador se borrará y cada candidato presidencial tendrá un tope de gastos de más de 909 millones de pesos, por lo que en teoría los candidatos podrían gastar más de 1,500 millones de pesos desde el inicio de la precampaña al término de la campaña, a sabiendas de que esa cifra podría ser mayor si contamos el tiempo previo de la precampaña en el que el gasto se hizo fuera de toda regulación y de que jamás será conocida la cifra total para el que resulte ser el candidato del partido oficial, ya que el uso de los recursos del Estado no será contabilizado aunque tarde o temprano se evidenciará en las ejecuciones presupuestarias, en el comportamiento del gasto y la nómina pública, y en el déficit fiscal.

Será muy difícil que la JCE pueda cumplir con el rol que le ordena la Constitución de velar porque los procesos electorales se realicen en equidad pues, aunque los límites son iguales para todos las posibilidades no lo son, unos las tendrán todas para conseguir cuantiosos aportes y otros casi ninguna. El dinero privado irá para donde su dueño entienda que tiene el mayor potencial de redituarse, y el dinero público tratará por todas las vías de impulsar a los candidatos oficiales.

Bajo estas circunstancias puede ser quimérico hablar de democracia pues en un país como el nuestro con enormes desigualdades y en el que la suerte de muchos depende de quien esté en los cargos, tener el control del Estado y acceso a mucho dinero son elementos distorsionadores, aunque cuando el hartazgo y el empoderamiento ciudadano son altos, no hay derroche mal contado que pueda cambiar firmes voluntades.