Colegio de Abogados apoya prisión preventiva para fiscal

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva para la suspendida fiscal de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández, detenida por aprobar acuerdos para liberar a dos femenicidas, fue respaldada por el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernàndez.

Advirtió que el gremio que dirige apoya cualquier acción legal emprendida por la Procuraduría General, para perseguir a cualquier funcionario del tren judicial que en el desempeño de sus funciones viole normas procesales.

El jurista calificó de reprochable que la fiscal Hernández se prestase a validar acuerdos para permitir que psicópatas, amparados en documentos falsos logren su puesta en libertad para luego cometer femenicidios en San Pedro de Macorís..

Indicó que el Colegio de Abogados fue el primero que se pronunció condenando los asesinatos de las señoras a manos de sus exparejas , quienes mediante maniobras obtuvieron su libertad mediante acuerdos refrendados por la magistrada Margarita Hernández.

Surún Hernández dijo que es un deber de ese gremio apoyar las autoridades del Ministerio Público en su accionar en contra de todos los que violen la Ley, principalmente cualquier funcionario que infrinja las normas procesales en el desempeño de sus funciones.

La Procuraduría dice que tiene diferentes evidencias que vinculan a  suspendida fiscal con los hechos que se les imputan, “por lo que procedió a su sometimiento a la justicia por ante la jurisdicción de San Pedro de Macorís”.

Hernández es investigada por presuntamente cometer irregularidades en el transcurso del proceso judicial seguido contra Yasmil Oscar Fernández, quien al obtener su libertad tras la firma de un acuerdo, homologado por un juez, le ocasionó la muerte a su expareja Anibel Gonzalez, y  se suicidó, el pasado mes de agosto.

Por tratarse de un acuerdo similar, también aprobado mediante autorización judicial por un juez, hace varias semanas, la Inspectoría General del Ministerio Público inició una investigación sobre el acuerdo que dejó en libertad a Johan Manuel Ramírez, mientras cumplía una condena de tres años de prisión por agredir a su pareja con un arma blanca, en un hecho ocurrido en San Pedro de Macoris