No hay mal que por bien no venga

El interés mostrado por un cada vez mayor grupo de jóvenes que han protestado pacíficamente en Santo Domino, múltiples ciudades del interior y otras tantas del exterior en las que residen dominicanos por el hecho sin precedentes de que tuviera que abortarse el proceso de elecciones municipales debido a fallas técnicas, es una confirmación de que no hay mal que por bien no venga y constituye una señal de esperanza.

Estas protestas que reclaman investigaciones independientes sobre las causas del colapso del sistema y que se impongan las debidas sanciones, así como absoluta transparencia de las próximas elecciones, no solo son producto de esta  cancelación sino de un largo listado de demandas insatisfechas y de denuncias de malas prácticas que se han acumulado en el tiempo y que por temor o pasividad han sido toleradas, pero la paciencia ciudadana al igual que el cántaro, fue tanto a la fuente hasta que se rompió.

Afortunadamente esta expresión espontánea  ha ido encontrando en el sendero voces que han servido de guía para espantar reclamos descabellados como la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), haciendo conciencia de los mecanismos previstos para su reemplazo y de la necesidad de continuar el paso hasta llegar a la meta de elegir las nuevas autoridades, aunque tomando todas las medidas de lugar para que nunca más tengamos que lamentarnos por lo que no hicimos bien, o por lo que dejamos que otros hicieran mal.

Nuestra Constitución  establece que la JCE debe organizar las elecciones garantizando su libertad, transparencia, equidad y objetividad, lo que históricamente no ha sido el caso y llegó el momento de que exijamos lo sea, por eso debemos reclamar que en cumplimiento del artículo 212 de la Constitución la JCE dicte a la brevedad una resolución mediante la cual  disponga las actividades  de proselitismo que serán admitidas hasta la celebración de las elecciones extraordinarias del 15 de marzo, reduciéndolas a las  estrictamente necesarias, para garantizar que los candidatos con mayores recursos, generalmente  los oficiales, no tengan una ventaja competitiva frente a los demás; y que dando cumplimiento al párrafo IV del artículo 212 dicte las normas para regular el acceso equitativo a los medios de comunicación, porque no puede haber un proceso realmente democrático cuando el poder de las autoridades o el  económico pueden monopolizar los mensajes a los electores.

Ante el trauma de las fallidas elecciones municipales la JCE debe realizar encuentros con los delegados de los partidos en los que participen los observadores nacionales e internacionales, para entre otras cosas definir la modalidad y el procedimiento que más confianza otorgue para la transmisión de los resultados de las votaciones desde los colegios a las juntas electorales y la JCE.

Y los delitos electorales no pueden seguir aconteciendo impunemente a la vista de todos, por eso es impostergable que la Procuraduría General convoque al Consejo Superior del Ministerio Público para seleccionar el Procurador Especializado en Delitos Electorales entre los miembros de carrera del Ministerio Público, pero garantizando que se trate de una persona con los niveles de independencia y competencia requeridos, y deje sin efecto las convocatorias a concursos para  este cargo  y múltiples otros  por las justificadas dudas sobre sus propósitos.

La celebración de nuestra fecha patria  nos recuerda que un grupo de valientes jóvenes patriotas  lograron lo que para muchos era un imposible, ser independientes, y nos permite rememorar  con júbilo que  otros jóvenes  valerosos  nuevamente estén dispuestos a defender este país que es de todos y que algunos  han manejado como si fuera su propiedad privada para imponer su voluntad  violentando la Constitución y la ley, desnaturalizando la democracia hasta convertirla en una ridícula caricatura de corrupción, impunidad, clientelismo, autoritarismo e hipocresía, y eso es precisamente lo que debemos repudiar y nunca más debemos permitir suceda.