Más derechos, menos limosnas

El 25 de marzo, con un chasquido de dedos, aparecieron debajo de la alfombra millones de dominicanos que no reúnen por sí mismos lo más básico para vivir. Muchos se enteraron de que una parte importante de sus compatriotas viven con una dotación de 1500 pesos (o algo más) entre transferencias condicionadas y bonos. Son los mismos que algunos ven -a veces con burla y otras con moralismos- apiñándose en una fila para recibir una caja con alimentos navideños.

También se sabe que la cantidad de trabajadores informales supera a la de formales, en un monto de 2,582,790 personas frente a 2,299,153. Con datos de la TSS al 30 de junio de 2019, sabemos que el 37% de los trabajadores formales registrados percibía un salario máximo de RD$11,826, y que el 72% percibía entre esa cifra y RD$23,652, como máximo. Cuando consideramos a formales e informales juntos, en 2017 el 60% percibía ingresos por debajo de los RD$13,500. Encima de esto, sabemos que los salarios reales de hoy pueden comprar un 20% menos de lo que podían adquirir hace 20 años.

Ante la crisis y bajo el título de «Quédate en casa», para la cantidad inmensa de trabajadores informales el Estado considera una suma de RD$5000 mensuales, por dos meses, para poder garantizar el alimento de los hogares, siempre y cuando califiquen dentro del 1.5 millón de hogares contemplados. Para los trabajadores formales suspendidos -que este lunes ya superaban los 500,000- la respuesta es un subsidio salarial de máximo RD$8,500.

Pensemos ahora en que la canasta básica para el 20% más empobrecido está valorada en RD$14,465; que un hogar de cuatro personas con ingresos por debajo de RD$20,528 estaría por debajo de la línea de pobreza general, y con RD$9,452 estaría por debajo de la línea de pobreza extrema.

Ante esta realidad, se puede afirmar que, de manera sistemática y desde antes de esta crisis, la mayoría de la población dominicana simplemente “no llega”. Quienes trabajan de manera regular y registrada, quienes trabajan en la informalidad y quienes ni trabajo tienen, han estado viviendo por debajo de los niveles de consumo básicos e incluso por debajo de la línea de pobreza extrema. Eso explica el alto nivel de endeudamiento, sea bancarizado o con prestamistas informales. Añadamos a esto los costos ligados a servicios básicos como la salud, mercantilizados y condicionados al bolsillo. Las “ayudas” prometidas profundizarán aún más esa realidad, mientras millones ya no disponen de la actividad diaria con que “completaban”, simplemente porque está prohibida.

Dice la canción que “dar solamente aquello que te sobra, nunca fue repartir sino dar limosna”. Una sociedad democrática y libre se basa en derechos fundamentales y distribución justa de la riqueza necesaria para garantizarlos. Así que hay cuestiones mínimas que debemos exigir a la clase política y la clase empresarial, que valen más que mil donativos:

1. Ya que el pueblo va a pagar esos subsidios, con 32 mil millones de pesos compuestos por los fondos de riesgos laborales y deuda con el Banco Mundial y el Banco Central, debemos asegurarnos que los mismos sean utilizados con el máximo de transparencia y equidad. Que no exista una sola empresa que, pudiendo cubrir el ingreso -de por sí pobre- de sus empleados, en un momento de calamidad empiece a despedir o suspender trabajadores, o se beneficie indebidamente del subsidio estatal. Las entidades estatales tienen toda la información para identificarlas y deben también transparentar la lista de empresas incluidas en el FASE. Subsidios salariales para las empresas micro, pequeñas y medianas con reales limitaciones y ganancias moderadas.

2. Que los subsidios públicos en forma de exenciones fiscales obedezcan de una vez por todas a criterios razonables y de justicia social, y que además se vean compensados en momentos como estos. El sector zonas francas recibió beneficios fiscales en 2019 por 24 mil millones de pesos, mientras el sector turismo lo hizo por 4,880 millones, sobre todo en impuestos sobre la renta, impuestos selectivos al consumo, aranceles e impuestos al patrimonio. Casi 30 mil millones de pesos en total, pagados por el pueblo. En esta coyuntura están obligados moralmente a mantener protegido al máximo de empleados, sin abusos ni chantajes.

3. En el período 2004-2019, las AFP superaron los 64 mil millones de pesos en utilidades y gastos operacionales. Las ARS van cerquita ¿Hasta cuándo los trabajadores y empleadores van a subsidiar estas ganancias y gastos de empresas y grupos financieros? Con este dinero se habría podido crear un fantástico seguro de desempleo o un fondo de protección social. En este momento se debería legislar para que a cada trabajador su AFP le entregue un bono de contingencia, que sea cubierto por la misma con las ganancias de por sí exorbitantes que van a seguir teniendo.  Asimismo, que las AFP y las ARS -además de suspender lo que reciben por cotizaciones desde la TSS- cubran todas las pensiones y las necesidades de salud de la población, sobre todo la que está carente de ingresos o le son insuficientes. Que no toquen a un solo trabajador suspendido en estas circunstancias.

4. Que se empiece a discutir ya una reforma integral y estructural al sistema de salud y seguridad social, así como al Código Tributario y al Código Laboral, con el apoyo transversal de todos y todas las que se dicen sensibles ante esta crisis sin precedentes. No queremos más un Estado que da paliativos ni pone parches, ni ciudadanos dependiendo de regalos, caridad ni ciber-maratones. Se agradece pero no se puede vivir así. Es ahora que en República Dominicana, España, Estados Unidos y todo el mundo se hace evidente el carácter inhumano y demoledor de la combinación mortífera de salarios miserables, trabajos precarios, impuestos a la medida, salud desfinanciada, desprotección social y ganancias financieras a costa de privatizar y expropiarle servicios básicos a la nación. Que aparezca la voluntad política, el compromiso y la decisión real de hacer cambios.