El Supremo de El Salvador reiteró este miércoles que las personas que violen la cuarentena domiciliar obligatoria, decretada por el Gobierno para frenar la propagación del COVID-19, no deben de ser privados de libertad.
EL SALVADOR.- El Supremo de El Salvador reiteró este miércoles que las personas que violen la cuarentena domiciliar obligatoria, decretada por el Gobierno para frenar la propagación del COVID-19, no deben de ser privados de libertad.
El pasado 27 de marzo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una medida cautelar en la que señaló «que no debe haber privados de libertad por violar la cuarentena domiciliar, irrespetando los derechos constitucionales».
La máxima autoridad de Justicia también exhortó a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Salud a «coordinar esfuerzos, de acuerdo con sus propias competencias, a fin de contar de manera inmediata con una ley formal que regule las detenciones derivadas del incumplimiento de la cuarentena domiciliar».
Las personas que violen la medida deben, según el decreto que avala la cuarentena, ser trasladados a un centro de contención y no a calabozos de la Policía.
«NO SON DETENCIONES»
El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, aseguró este miércoles que los procedimientos que realiza la Policía y la Fuerza Armada con las personas que violan la cuarentena domiciliar «no son detenciones», sino que «son llevados a una delegación policial y esperan un plazo máximo de cuatro horas, para luego enviarlos a un centro de contención».
Este país centroamericano se encuentra bajo estado de excepción y con una cuarentena domiciliar obligatoria que ha parado la mayoría de sectores productivos y que se podría extender hasta el 28 de abril.
La cuarentena domiciliar obligatoria se ampara en el estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ordenó el lunes, durante una cadena nacional de radio y televisión, a los cuerpos de seguridad ser «más duros» con las personas que violen la cuarentena domiciliar.
Ante esta orden, el procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, llamó a la Policía y al Ejército a respetar los derechos de los ciudadanos y evitar «detenciones arbitrarias».
El Salvador registra actualmente 93 casos confirmados de COVID-19, de los que han fallecido ya 5 personas y se han recuperado 9, mientras que 79 casos se mantienen «activos».
EN DUDA LOS SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR
La Sala de lo Constitucional también admitió para su trámite un recurso de amparo presentado por salvadoreños que se encuentran en el extranjero y no han podido retornar al país.
Pese a que dicha sala admitió la demanda, no dio luz verde a la solicitud de los ciudadanos de ordenar como medida cautelar la reapertura del aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, que únicamente permite vuelos humanitarios, de carga y con personas deportadas.
Sin embargo, los jueces constitucionales mandaron al Gobierno a «elaborar un plan de repatriación programada, priorizando los casos más urgentes y cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes».
De acuerdo con Bukele, son alrededor de 4.500 salvadoreños los que están fuera y de traerlos al país «colapsarían los centros de contención, porque no hay capacidad».
El mandatario ha pedido a estos salvadoreños que se queden en casa, en los países en los que estén.
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