A 10 años de la muerte de “Esperancita”, exigen un Código Penal que proteja a las niñas y mujeres

SANTO DOMINGO.- Al conmemorarse este 17 de agosto el décimo aniversario del fallecimiento de la joven Rosaura Almonte Hernández, «esperancita», varias organizaciones y colectivos sociales denunciaron hoy frente al Congreso Nacional el peligro que representa para las mujeres y las niñas la prohibición total del aborto en cualquier circunstancia, incluso para salvar sus vidas bajo la consigna “La ley dominicana le causó la muerte”.

Durante el emotivo acto donde además estuvieron las familias de otras tres mujeres que también fallecieron por la falta de acceso a una interrupción del embarazo que era necesaria para salvar su vida, se reiteró el llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a cumplir su palabra de apoyar un proyecto de Código Penal que sí garantice los derechos y a no dejar que el caso de “Esperancita” quede impune ante la justicia dominicana.

Rosaura Almonte Hernández, conocida como “Esperancita”, falleció a sus 16 años luego de ser diagnosticada con leucemia y de que se le negara la quimioterapia porque estaba embarazada. La prohibición absoluta del aborto que aún se mantiene en el país hizo que el personal médico priorizara el cuidado del embarazo sobre la vida de Rosaura.

Tras el caso, su madre Rosa Hernández y familiares de otros casos semejantes se han sumado al movimiento de mujeres que desde hace más de 20 años han luchado por la aprobación del aborto al menos en tres causales: en casos de violación o incesto; en casos de inviabilidad fetal; y cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres y las niñas.

“Después de la muerte de mi hija, otras mujeres jóvenes han fallecido en circunstancias parecidas. Es indignante que la historia se repita. Es cruel que más familias pierdan a sus hijas, hermanas y sobrinas por una ley que en vez de salvarlas, las condena. Pero no me voy a rendir. En memoria de mi hija, seguiré alzando mi voz hasta que las tres causales sean aprobadas en el Congreso”, aseguró la madre de Esperancita.

Al coincidir este aniversario con el inicio de un nuevo período legislativo, las familias afectadas junto a otras organizaciones y colectivos entregaron a una comisión de legisladores y legisladoras una carta en la que advierten sobre el costo de mantener penalizado el aborto. Muestra de ello son los casos de Rosaura Almonte Hernández (“Esperancita”, 2012), Damaris Mejia (2012), Carmen Dionelys Martínez Bonilla (2018), y Winifer Nuñez Beato (2021).

“Prohibir el aborto no salva vidas, solo causa la muerte de mujeres y un gran dolor en familias como las nuestras que aún lloramos por sus muertes completamente evitables. Hemos vivido la injusticia en carne propia y no queremos que más familias pasen por esta misma situación. Desafortunadamente, en los últimos 10 años, desde el fallecimiento de mi hija, todas las autoridades del país han desoído nuestros reclamos”, afirmó Hernández durante la entrega de la misiva que fue recibida por una comisión de diputados y diputadas.

Caso de “Esperancita”, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Además de sumarse a las voces que actualmente piden un Código Penal moderno que proteja los derechos de las mujeres, Rosa Hernández sigue buscando que la justicia dominicana aclare los hechos que rodearon la muerte de su hija, sancione a los responsables y se adopten los cambios estructurales necesarios para evitar que situaciones como la de su hija se repitan en el país.

En 2013, Rosa Hernández, representada por Women’s Link Worldwide, inició dos procesos judiciales en República Dominicana. Una querella penal, que continúa en etapa inicial y en la que aún no tienen acceso pleno al expediente. Y otro proceso que busca determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, en cabeza del Ministerio de Salud, por la muerte de Rosaura.

Este último fue reiniciado en julio de 2022 ante el Tribunal Superior Administrativo que ordenó la reapertura de la etapa probatoria y méritos, luego de una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró procedente un recurso de casación interpuesto por las representantes de la señora Hernández tras obtener una decisión desfavorable, y que no estuvo debidamente motivada, del recurso interpuesto en 2013.

Tras nueve años de haber instaurado los procesos judiciales es posible afirmar que el caso permanece impune, pues solo ha habido un avance tardío y parcial en uno de los procesos. Por la falta de justicia y celeridad en República Dominicana, el caso de “Esperancita” fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, escenario en el que ya se cumplieron todas las etapas procesales y está listo para ser decidido.

“Rosa, nosotras sus abogadas y el movimiento de mujeres en República Dominicana confiamos que el país será declarado responsable internacionalmente por incumplir con sus obligaciones y ordenará las reformas que permitan despenalizar el aborto y con esto proteger finalmente la salud y la integridad de las niñas y las mujeres en este país”, finalizó Marcia Aguiluz, abogada de Women’s Link Worldwide.