SANTO DOMINGO. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó este jueves que solo 50% de los diputados y senadores han iniciado el proceso declaración jurada de patrimonio en la plataforma digital, pese a que el plazo para cumplir con esta obligación vence el próximo 16 de septiembre.
Según datos proporcionados por la CCRD, de los 190 diputados electos, únicamente 95 han iniciado el proceso de declaración, mientras que, de los 32 senadores, solo 16 han interactuado con el sistema de la entidad.
De las declaraciones iniciadas, menos de 20 por parte de los diputados y solo 4 de los senadores han sido notificadas a la Cámara de Cuentas para su revisión, esto quiere decir que concluyeron el proceso. El organismo indicó que la mayor parte de estas interacciones se produjeron a partir del 6 de septiembre, lo que demuestra la cercanía al vencimiento del plazo como el principal factor motivador.
La Ley 311-14, que rige el Sistema Nacional Automatizado de Declaraciones Juradas de Patrimonio, obliga a todos los funcionarios públicos, incluidos legisladores, a presentar un informe detallado de sus bienes, como parte de las medidas de transparencia y rendición de cuentas.
Preparativos y Capacitación
La CCRD explicó que, desde abril, se han establecido más de 17 estaciones de trabajo con asistencia técnica y conexión a internet en todo el país para que los funcionarios puedan cumplir con el proceso de forma eficiente. Además, han realizado múltiples capacitaciones tanto presenciales como virtuales para ayudar a los sujetos obligados a comprender y usar el sistema correctamente.
Asimismo, la Cámara recordó que las normativas para la presentación de las declaraciones no han cambiado desde la promulgación de la Ley 311-14 en 2014 y su reglamento de aplicación en 2016. Lo que ha mejorado es la trazabilidad de la documentación, lo que facilita una mayor transparencia y control en la rendición de cuentas.
Sentencia del Tribunal Constitucional
En 2021, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0405/21, subrayando que el objetivo de la Ley 311-14 no se cumple solo con la presentación de la declaración jurada, sino que estas deben ser sometidas a verificaciones y comprobaciones para detectar irregularidades y prevenir el enriquecimiento ilícito. La Cámara de Cuentas reiteró que este proceso es parte de las obligaciones inherentes al cargo de cualquier funcionario público, quienes deben estar dispuestos a rendir cuentas en todo momento.
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