La tensión con Haití aumentó este lunes con la reacción del Gobierno de cerrar el mayor mercado binacional fronterizo e interrumpir el visado a haitianos ante la creciente violencia criminal de inmigrantes contra dominicanos y la construcción de un canal para desviar aguas del río Masacre que políticos híper-nacionalistas arguyen que perjudica a agricultores en Dajabón.
Este lunes el Gobierno anunció que “será firme en la defensa de la soberanía y en la garantía de la seguridad nacional” y anunció cinco medidas a este respecto.
Estas son suspender definitivamente la entrada de “los involucrados” con el canal y detener la emisión de visas a haitianos; cerrar la frontera por Dajabón y, “si el conflicto no se resuelve antes del jueves 14 de septiembre, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo”.
Además, “reactivar la toma de agua de la Aduana en el río Dajabón, al inicio del canal La Vigía”, para garantizar el abastecimiento de agua a productores dominicanos; licitar de inmediato la construcción de la presa Don Miguel, que concluiría en 30 meses, con una inversión de RD$2,700 millones; y solicitar una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva.
La medidas, anunciadas en una declaración del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son un importante paso de las palabras a la acción, según vienen demandando políticos dedicados a exacerbar el anti-haitianismo con fines partidaristas bajo la guisa de patriotismo. Sin embargo, ¿hacia dónde llevarían los híper-patriotas al gobierno y al país de imponerse su extremismo?
Antecedentes
El Consejo es un órgano previsto en la Constitución del 2010, para asesorar al Poder Ejecutivo sobre políticas públicas y estrategias de seguridad y defensa nacional, cuyos funcionamiento y composición fueron reglamentados por el decreto 86-12 del 12 de febrero de 2021 por el presidente Abinader.
Este lunes sesionó con un único punto de agenda: la situación en la frontera reportada por los medios de manera alarmante.
La semana pasada el Gobierno cerró el cruce por Dajabón y reforzó la presencia militar después de que cuatro integrantes de una familia dominicana fueran asesinados por haitianos que huyeron de vuelta a su país. Al mismo tiempo, fue reiniciada la construcción del canal que se alega viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936.
El cuádruple asesinato ocurrió en Aminilla, municipio de Partido, con visos de ejecución pues las víctimas tenían tiros en la cabeza. Un quinto hombre con un disparo en un ojo fue llevado a un hospital en Santiago Rodríguez. La Policía luego mató a un alegado prófugo.
Las autoridades creen que el móvil fue otro caso del creciente abigeato, pues hay bandas de haitianos dedicadas a robar ganado del lado dominicano. Quizás convenga permitir a los dominicanos residentes en zonas similares adquirir y portar armas legalmente para su defensa.
En declaraciones previas a la declaración del Consejo, Abinader aseguró que la frontera seguirá cerrada hasta que el Gobierno de Haití “reaccione”, deteniendo la construcción del canal y entregando a los criminales.
Empero, ¿posee el ilegítimo y débil Gobierno haitiano, postrado ante bandas criminales que controlan gran parte de su territorio, capacidad para atender la solicitud dominicana? El propio Consejo admite que la República Dominicana no puede depender de alguna solución por parte de las autoridades haitianas.
La verdad del canal
En el caso del canal, los empresarios haitianos que lo construyen no han sido identificados. Sin embargo, en la zona de Dajabón, las autoridades, los comerciantes y agricultores saben que varios políticos haitianos, entre ellos Jean Baptiste, Wanike Joseph y Jackito Pierre, mantienen un estado de agitación culpando a los dominicanos de los problemas haitianos.
Del lado haitiano alegan que el tratado fronterizo invocado por los dominicanos estipula que “las aguas del río Dajabón serán aprovechadas equitativamente entre los dos países” y que del lado dominicano existen varias tomas, por lo que también podría haber algunas del lado haitiano.
En Dajabón, conocedores indican que el controvertido canal, desprovisto de un dique o una poderosa bomba, no sacaría ni una gota de agua, excepto si hay alguna crecida del río.
No hay ningún informe técnico del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDHRI) que explique los alegatos puramente mediáticos ni de la Secretaría de Agricultura ni otra autoridad o entidad privada del supuesto daño a la agricultura dominicana por los trabajos del canal haitiano. Las publicaciones son denuncias emotivas sin base técnica.
Sin precedentes
Ningún presidente de las últimas décadas ha tomado posiciones tan decisivas ante el creciente peligro que representa la incesante involución de Haití como ha hecho Abinader.
Estas incluyen la construcción de un muro fronterizo, fuertes inversiones en mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas, inequívocas señales a la comunidad internacional de que el país no aceptará campamentos de refugiados, el rechazo de las presiones estadounidenses para que cesen las repatriaciones de inmigrantes ilegales pese a que ellos las continúan realizando y sus llamados a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades ante Haití.
Penosamente, nada basta ante las críticas constantes de patrioteros que atribuyen cualquier hecho del tema haitiano a un supuesto “plan de fusión insular” de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas.
La más reciente perla de un vocero de los híper nacionalistas es que la repatriación desde Estados Unidos a Haití del convicto narco Guy Phillipe es otro eslabón del desquiciante “plan” o teoría conspirativa.
Estas presiones al Gobierno pueden llevarnos a un callejón sin salida al exigir a Haití lo que le es imposible dar. Abinader ha sido más coherente y proactivo que sus detractores nacionalistas. Ojalá prevalezca su sensatez y serenidad ante tanta termocefalia fantasiosa.