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A juicio de fondo

A juicio de fondo
Mario Rivadulla

Fue prolongada y escabrosa la misión asumida por el magistrado Francisco Ortega Polanco al ser nombrado instructor en la más importante causa de corrupción llevada a los tribunales en el país,  a partir del escandaloso  expediente incoado contra la constructora Odebrecht por el pago de cuantiosos sobornos a cambio de la obtención de más de una docena de contrataciones de obras públicas por miles de millones de dólares.

En el curso de la misma debió afrontar tanto el continuo seguimiento  de los medios de comunicación así como el asedio crítico y las opiniones no siempre calificadas, muchas veces apasionadas y en algunos casos hasta maliciosas de las redes sociales y los grupos de presión sobre las incidencias del proceso. De igual modo,  las alegaciones y maniobras de los experimentados abogados de la defensa, incluyendo varios intentos de sustituirlo por vía de impugnaciones todas las cuales fueron rechazadas, hasta llegar a la sentencia disponiendo el envío de juicio a fondo para seis de los siete encartados.

La sola excepción fue a favor del ex presidente del Senado, Jesús “Chu” Vásquez, único cuyo nombre no afloró en las llamadas “delaciones premiadas” rendida por los ejecutivos de la hoy quebrada empresa brasileña.  De los que deberán seguir sentados en el banquillo de los acusados, dos pertenecen al partido de gobierno, dos a la oposición y los otros dos, uno, abogado, y el otro figura como empresario e intermediario de la Odebretcht para la obtención de contratos de obras y presunto pagador de los sobornos.

Un dato importante es que en su elaborado fallo el magistrado Ortega Polanco sostiene que los delitos de corrupción no prescriben.  Asimismo, que de acuerdo a cierta jurisprudencia se equiparan a los crímenes de lesa humanidad, y que los mismos producen un “efecto dominó”, en cuanto repercuten de manera negativa  en los demás derechos fundamentales, la institucionalidad y el estado democrático. Al margen  de interpretaciones y cuestionamientos jurídicas, al menos desde el punto de vista moral son todas consideraciones de una validez incuestionable, y con las que ningún ciudadano consciente y sensato entraría en discrepancia.

Queda ahora por ver si en el curso del juicio de fondo van surgiendo nuevas evidencias y posibles complicidades.  De paso, si por fin la Cámara de Cuentas habrá completado y hará entrega de las auditorías técnicos sobre las distintas obras ejecutadas y en proceso por parte de la Odebrecht.  Un trabajo que se le encomendó desde hace mucho,  y del que hasta ahora solo ha ofrecido reiteradas excusas de incumplimiento.

Se entiende que dichos informes son de importancia capital.  Esto así, dado que en todas dichas obras el Estado ha terminando pagando sobre costos que exceden con mucho el 25 por ciento establecido legalmente en adición al presupuesto original de las mismas.  En algunos casos, esas sumas exceden el cien por ciento.  En total, el cálculo en números redondos de lo pagado en exceso pudiera alcanzar y aún superar los mil quinientos millones de dólares.

Si se siguió con marcado interés aunque para no pocos con escasa esperanza de que al final se haga justicia, el curso del proceso de instrucción, cabe esperar que ocurra lo mismo con el juicio de fondo.  Lo cierto es que la gran mayoría de la opinión pública, y así ha quedado evidenciado en las encuestas, está convencida de que “no son todos los que están”.  Esto así, en razón de que el monto de los sobornos pagados, admitido y confesado por los propios ejecutivos de la Odebretcht más  el complejo proceso que supone la obtención de esa cantidad de contratos de obras, permite suponer la existencia de todo un entramado de corrupción donde hay la arraigada convicción de que faltan nombres.

En el curso de un año ya casi electoral seguramente que el tema de ODEBRECHT habrá de resultar tema importante de campaña tanto del gobierno como de la oposición.  Para el primero, como palpable demostración de que combate la corrupción, y para la segunda, por el contrario, de que no pasa de ser una cortina de humo destinada a encubrir impunidades.

En el caso específico de la justicia, dada la complejidad del proceso, los vericuetos procesales que ofrece el Código y la habilidad de que hagan gala los abogados de la defensa para hallar fisuras en el expediente acusatorio y la carga probatoria que presenten los fiscales, resultará una muy prolongada y agotadora jornada de vistas, impugnaciones y reenvíos con continua cobertura mediática, intenso accionar de los grupos de presión y amplia difusión crítica en las redes sociales antes de llegar a disponer de un fallo judicial.

 

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