A rascarse el bolsillo

Ante el rechazo generalizado de la sociedad a que se utilicen los recursos del Estado que pagamos los contribuyentes para la celebración de las primarias de los cinco partidos que seleccionaron esta modalidad, algunos líderes políticos pretenden erigirse en defensores de la democracia alegando que la misma tiene un precio, intentando justificar que el gobierno asuma la casi totalidad del alto costo de estas.

Lo que está muy lejos de constituir una real defensa de la democracia, la cual inicia con actuaciones apegadas a los valores democráticos, como la igualdad de todos ante la ley.

La Ley 33-18 de partidos políticos para acallar la oposición a las primarias por su significativo costo, dispuso en su artículo 47 que el mismo sería asumido por los partidos, estableciendo que sería deducido previo acuerdo con estos de las contribuciones que les hace el Estado, independientemente de los aportes que pueda hacer la Junta Central Electoral (JCE) en naturaleza y logística, esto es, el uso de equipos, personal, plataformas informáticas que ya esta tiene.

Aunque algunos alegan que esa disposición  entraría en contradicción con el artículo 62 de la misma Ley que establece la forma en que deben ser utilizados los recursos del Estado que reciban los partidos, disponiendo que deben invertir un 50% para gastos administrativos y un 40% para apoyar las candidaturas a puestos de elección popular; no es así, puesto que lo que debe hacerse es una interpretación conjunta de ambos textos de forma que los partidos realicen la selección de su modalidad tomando en cuenta el costo que podría serle deducido del aporte que reciben del Estado, y respetando los porcentajes de ley sobre inversión de estos recursos.

De conformidad con dicha Ley cada partido tiene derecho a decidir la modalidad y tipo de padrón para la selección de candidatos a cargos de elección popular, decisión que fue tomada por los partidos dentro del plazo extendido acordado por la JCE mediante resolución.

Lo que debería suceder es que si la modalidad escogida por un partido o el tipo de  padrón implica un costo que no pudiera ser asumido por este como deducción al aporte que recibe del Estado, deba entonces ajustar  su decisión  a la racionalidad económica dispuesta por la ley informando a la JCE la modificación decidida en el plazo que por resolución otorgue la Junta, pero jamás pretenderse que la solución es violentar la ley ante una supuesta imposibilidad de los partidos de costear las primarias que ellos mismos escogieron.

Igualmente, que la JCE desglose y prorratee los 1,449 millones de pesos que estimó costarán estas primarias, para que cada uno de los 5 partidos sepa cuánto le correspondería asumir, puesto que no todos tienen el mismo tipo de padrón ni utilizarán este método para todas las candidaturas, y ratifique o modifique su selección.

Lo peor de todo esto es que, como muchos temíamos podría ser el caso, la celebración de estas primarias desde ya está afectando a la actual JCE, la cual preocupada por tener los recursos necesarios para afrontar la enorme responsabilidad que estas significan ha apelado a fórmulas que están impactando negativamente la credibilidad y confianza que se ha ganado.

Debemos entender que no hay otra solución que no sea que cada partido se rasque los bolsillos y, si necesario haga ajustes a su selección, para que se les dé un claro mensaje de que tienen que cumplir con la ley.  Permitirles evadir el cumplimiento del artículo 47 de la Ley 33-18 no solo debilitaría a los mismos partidos, sino que desvanecería los propósitos de dicha legislación y podría erosionar la tan necesaria credibilidad del árbitro electoral.