El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 1-26, mediante el cual designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en un paso clave para el fortalecimiento institucional y la adecuación del sistema jurídico del Estado al marco legal vigente.
Con esta disposición, Subero Isa asume la responsabilidad de brindar asesoría legal directa a la Presidencia, garantizando la coherencia constitucional y normativa de las decisiones gubernamentales.
Jorge Subero Isa cuenta con una amplia trayectoria en la vida institucional del país. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años (1997-2011), periodo en el que impulsó la modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y consolidó la independencia del Poder Judicial.
Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en derecho constitucional y administrativo, lo que lo convierte en una figura de reconocido prestigio para el cargo de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
El Decreto 1-26 también designa a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en el marco de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025. Este nombramiento fortalece la nueva cartera, llamada a coordinar el sistema de justicia y promover el Estado de derecho en el país.
Peralta Romero es abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, y ha ocupado cargos gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.
Es doctor en Derecho por la UASD y tiene un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Hasta su reciente designación, Peralta Romero se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, función para la que fue nombrado mediante el Decreto 324-20 del 16 de agosto de 2020, consolidando así su experiencia en el ámbito jurídico gubernamental.