Naciones Unidas.– El presidente dominicano, Luis Abinader, urgió este miércoles ante la Asamblea General de la ONU a una acción internacional ante la grave crisis que vive Haití y a la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de una fuerza para combatir a las sangrientas bandas armadas que controlan más del 90 % de la capital de ese empobrecido país.

Haití, que comparte con República Dominicana la isla La Española, «vive hoy una tragedia humana sin precedentes: violencia extrema, colapso institucional y control territorial de numerosas bandas criminales que aterrorizan a la población» y que los gobiernos dominicano y estadounidense han clasificado como organizaciones terroristas, y con los cuales, según Abinader, «no puede haber negociación alguna».

La crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza a la paz y la seguridad para República Dominicana y la región, añadió el jefe de Estado dominicano, quien recordó que desde 2021 «hemos sostenido con claridad: la única salida para Haití es una acción internacional coherente y sostenida, que garantice condiciones mínimas de seguridad y abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos».

Por ello, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU expresó su respaldo al proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad para transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, liderada por Kenia, «en una fuerza que logre imponer orden y reestablecer la paz, con una estructura de mando reforzada, metas claras y evaluables, y el apoyo logístico y operativo de una oficina bajo el mando de Naciones Unidas«.

Durante su discurso, Abinader advirtió, sin embargo, que su país «seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional«.

Además, en abril de este año Abinader anunció quince nuevas medidas en contra de la migración desde Haití, entre ellas la relativa a los hospitales públicos, que afecta especialmente a embarazadas y parturientas, lo que ha desencadenado una ola de críticas de diferentes organismos de protección a los derechos humanos.