Por su parte, el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó una pena de 10 años de prisión para ella y para Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper.
Santo Domingo.– SANTO DOMINGO. – La defensa de Carmen Magalys Medina Sánchez, exfuncionaria del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y hermana del expresidente Danilo Medina, pidió este lunes al tribunal que conoce el caso de corrupción administrativa dictar sentencia de absolución en su favor.
La solicitud fue presentada por su abogada en la fase final del juicio, argumentando que no existen elementos suficientes para sustentar su culpabilidad en los hechos que se le imputan.
Carmen Magalis Medina, se declaró inocente este lunes en el juicio de fondo que se le sigue junto a otros implicados.
La ex vicepresidenta del FONPER expresó que ha sido un proceso judicial de mucho sufrimiento, por lo que su abogada afirma que con las pruebas aportadas, la hermana del expresidente Danilo Medina, será abuela.
El juicio de fondo en contra de los imputados continuará el miércoles, según el calendario establecido.
Carmen Magalys está acusada de coalición de funcionarios, complicidad en el desfalco al Estado y participación en maniobras irregulares para beneficiar al entramado de corrupción que presuntamente lideraba su hermano, Juan Alexis Medina Sánchez.
Por su parte, el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó una pena de 10 años de prisión para ella y para Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fonper.
Además de las condenas, la PEPCA pidió al tribunal declarar la inhabilitación por 10 años para contratar con el Estado o ejercer cargos públicos, la degradación cívica, así como el decomiso de los bienes incautados producto de las actividades ilícitas. También se solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, según corresponda.
El órgano acusador sostiene que el Ministerio Público ha demostrado con abundantes pruebas la existencia de una estructura criminal organizada, que operaba mediante tráfico de influencias, uso de testaferros, contratos simulados y violaciones a las normas de contrataciones públicas, sustrayendo miles de millones de pesos del erario.