SANTO DOMINGO.- «El Ministerio Público se quedó sin pruebas, las que posee son simples certificaciones de la Superintendencia de Bancos (SIB), de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Cámara de Comercio y Producción que demuestran la licitud de los bienes adquiridos por Andrés Bautista García y de otros coacusados en el caso Odebrecht».
Así lo afirmó Carlos Salcedo, abogado de Bautista García, tras destacar que “está clarísimo que contra su defendido no hay prueba alguna, ni la habrá nunca, que pueda presentarlo a un tribunal de la naturaleza que fuera, ni para medida de coerción, ni para audiencia preliminar, ni mucho menos para audiencia de fondo”.
Explicó, que el tribunal que conoce el caso Odebrecht, luego de analizar el documento que en cada caso quería introducir de los seis delatores premiados, pudo determinar que se trataba de declaraciones dadas por testigos cuya única forma de incorporación se hace en el país a través de su presencia en el tribunal con todas las partes presentes con posibilidad de interrogarlos, valorar sus declaraciones, ver su fiabilidad, su nivel de certeza y para fines de poder acreditarlos o desacreditarlos.
También precisó, que al determinar que era una prueba testimonial y que la única forma de introducirlo es a través de su interrogatorio personal, tenía el Ministerio Público que demostrar que, dado que no estaban
presentes, la única forma de incorporarlo como documento era como anticipo de prueba, para lo cual, solicita una audiencia al juez de la instrucción, demostrando que hay urgencia para recoger declaraciones de un testigo que va a aportar con la acusación.
En ese sentido, Carlos Salcedo destacó que las razones de urgencia pueden ser porque se está en peligro de muerte, porque se va a ausentar sin posibilidad de recoger sus declaraciones o por cualquier motivo grave que impida la presencia de esa persona como testigo.
Al preguntarle sobre las pruebas en portugués que habían sido excluidas, el informe pericial con el que el Ministerio Público pretendió demostrar el enriquecimiento ilícito y de cuáles otras pruebas dispone, el destacado abogado informó que al ser excluidas esas pruebas, incluidas las delaciones premiadas, el Ministerio Público adujo que tiene decenas cientos de pruebas.
«Simplemente se trata de una declaración impertinente y desafortunada del Ministerio Público que trata de cubrir el manto de impunidad que la anterior administración de la Procuraduría General de la República se pretendió, en este caso consagrar, favoreciendo a personas vinculadas al anterior procurador general de la República», deploró.
Consideró que ese caso tampoco debe quedarse en impunidad, que la población tiene que reclamarlo y el propio sistema de justicia, que ha anunciado una investigación profunda en torno a las actuaciones de la anterior Procuraduría General de la República, tiene que tener el miramiento ciudadano y determinarse objetivamente, sin ninguna otra pretensión que la verdad, que Jean Alan Rodríguez y cualquier otra persona responsable de ese desmán, respondan por los hechos de naturaleza delictiva que condujeron a una acusación sin fundamento y sin pruebas, como efectivamente ha quedado demostrado.
