SANTO DOMINGO.- La inhibición del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, del caso Antipulpo, que involucra a dos hermanos del expresidente Danilo Medina y varios funcionarios de la pasada gestión, es un procedimiento normal y no representa un mayor trauma al conocimiento del caso, dijo este martes el abogado Luis Rivas en El Despertador.
Rivas explicó que la inhibición está destinada a garantizar la imparcialidad en el proceso y «evidentemente puede tener un impacto en la dinámica», pero forma parte del mismo.
Asimismo, señaló que es responsabilidad de la Corte de Apelación apreciar la decisión del juez de apartarse del caso y determinar si la acoge o no, si la acoge se designaría un nuevo juez, pero de rechazarlo Peguero tendrá que retormar y continuar con el conocimiento del caso, que ya se encuentra en la etapa preliminar.
«Definitivamente que lo retrasa y que tiene un impacto, sin embargo, en la práctica la Corte de Apelación decide con rapidez lo casos, (menos de una semana). En mi experiencia ha habido casos donde la Corte de Apelación del Distrito, que tiene un gran cantidad de casos, en tres días lo decide», recalcó el abogado al ser cuestionado sobre el tiempo que toma determinar si Peguero continúa o no apoderado de Antipulpo.
«Es un procedimiento normal, y tampoco no creo que vaya a tener mayor trauma», insistió Rivas.
Al preguntarle sobre la posibilidad de que se designe un nuevo juez y la lectura del expediente, el abogado comentó que no necesariamente el juez tendrá que hacerlo desde antes, aunque reconoció que el volumen de la acusación invita a conocerlo incluso si estar apoderado, además, que «en teoría» el juez comienza a conocer el caso en el momento que se discuten las pruebas.
«En teoría, se supone, que el juez comienza a conocer el caso técnicamente desde el momento mismo en que comienzan a discutirse las pruebas frente a él y se desarolla la dinámica procesal», expuso.
El juez Deiby Timoteo Peguero se inhibió del caso Antipulpo luego de dictarle medida de coerción a los esposos que habían sido declarados en rebeldía y a la imputada Milagros Isabel Torres Castellanos, a quien le impuso un embargo conservatorio de 10 millones de pesos, lo que el abogado Luis Rivas calificó de una coerción real.