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Abogado de Donald Guerrero dice todavía no han tenido acceso a la carpeta fiscal

"Las personas que aparecen ahí ciertamente por su filtración le afecta su dignidad e imagen, porque es un daño, pero eso no quiere decir que ninguno de lo que aparecen ahí son culpables".

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SANTO DOMINGO.- El abogado de Donald Guerrero, manifestó este lunes que todavía no han tenido acceso a  la carpeta fiscal por parte del Ministerio Público.  Se recuerda que Yeni Berenice Reynoso, solicitó a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que modifique la instrucción que le dio para que permita el acceso al exministro de Hacienda sobre la investigación en curso contra el exfuncionario, porque todavía está bajo “reserva total”.   

«Yo creo que es muy difícil que una persona tenga el control sobre 209 beneficiarios y de seis instituciones del Estado dominicano, eso es un poco creíble al menos desde mi perspectiva, pero adición a eso Donald Gurrero no puede responder, lleva meses diciéndoles, por favor, me estás investigando entrégame las pruebas sobre las cuales tú dices que yo defraudé al Estado», respondió Eduardo Núñez al ser cuestionado que como responde el acusado a la versión del Ministerio Público, de que encabezó un entramado organizado para defraudar al Estado.

Aseguró que ya han le han pedido el acceso a la carpeta fiscal en tres ocasiones al Ministerio Público por escrito, y también una reiteración que hicieron recientemente y aún no han tenido respuestas.

Dijo que la carta que aparece no es un documento que habilite la remisión de ese tipo de informe, «el informe se filtró, ahora en ninguna de las versiones filtradas aparece la firma del contralor».

Sostuvo que cuando se hace un acto como el del´abogado Ángel Lockward, quien atacó ante los tribunales la participación de todos los afectados,  es un acto que servirá de pruebas en un proceso, «es decir que si la Contraloría está investigando a un funcionario, como Donald Guerrero y  otros, tiene que darle la oportunidad de presentar sus argumentos y de explicarse».

Agregó que lo vemos todos los días con la Cámara de Cuentas que hace una auditoria y se lo notifica al incumbente para que responda sobre los hallazgo.

Resaltó que ese informe financiero nunca sucedió por eso es una prueba nula, y proscrita por la Constitución.

«En cuanto al asunto especifico de la firma del contralor y el documento de remisión que recientemente apareció, ese informe circuló, lo tiene los medios, a nosotros como defensa nadie no los ha entregado, y circuló siempre sin la firma», respondió al ser cuestionado que antes decían que el contralor no firmó esos informes, sin embargo el contralor aclaró que si lo había firmado.

Manifestó que el Estado no puede manejarse como se manejan los particulares, que tienen sus reglas, que es el debido proceso, que es otra forma de decir en un lenguaje llano, «si te voy a acusar de algo, si confesiono un documento en el cual se te imputa determinadas acciones en este caso de naturaleza penal, tengo que escucharte. no es que no se haga, la Contraloría lo puede hacer, pero para que tenga validez el documento, debe de salvaguardar el debido proceso administrativo que incluye defensa, contradicción, derecho de ser escuchado y de hecho la oportunidad de que la persona que lo están acusando presente pruebas».

Destacó que las mismas personas que hicieron el informe colocaron en su escrito de defensa depositando ante el Tribunal superior de que se trataba de un mero acto de trámite y que por tanto no tenía fuerza vinculante.

Se le cuestionó que cuanto tiempo puede tomarse para una tribunal ordenar que se puede hurgar el historial económico de una persona o institución, dijo que existe cierta desinformación en realidad el Ministerio Público hizo dos solicitudes, una en febrero y otra recientemente, «me parece que la de febrero la magistrada la respondió en un tiempo razonable y esta que se hizo en agosto, el problema es que la de febrero no trascendió y nunca se filtró y la que se realizó en agosto si, pero en cuanto al tiempo no hay un plazo legal preestablecido».

Agregó que en febrero le dieron la autorización, pero que no era la misma cantidad de personas, que esta amplia el número de personas vinculadas, «incluso personas que desde mi perspectiva no tienen absolutamente nada que ver con el caso».

 

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