Santo Domingo.- El abogado Vinicio Aquino Figuereo, representante legal del coronel Narciso Antonio Ramírez, quien se desempeñaba como director de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y del capitán Juan Miguel Soler, imputado en la operación Pandora, aseguró que se están violando los derechos de los detenidos, ya que, supuestamente, se venció el plazo de la solicitud de coerción a la 1:00 de la tarde.
Asimismo, indicó que si en dos horas el Ministerio Público no presenta la solicitud de medida de coerción depositará un habeas corpus ante la Oficina de Atención Permanente.
Sobre la Operación Pandora
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Pandora, contra una red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas de dicha institución. Esta red sustrajo más de 900,000 proyectiles.
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y el director general de la uniformada.
En la ejecución de la Operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), y más de 40 fiscales que llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.
Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.
En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado extensamente para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario, sino también de naturaleza penal.
Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción.
El Ministerio Público señaló que este caso es un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos. “Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.