La jueza Yanibet Rivas fijó calendario de audiencias para garantizar un proceso eficiente y ordenado.
Los abogados representantes del Estado dominicano solicitaron una indemnización ascendente a RD$12,707,837,000 en el proceso judicial seguido contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaan (Jochi), y otros implicados, por los daños y perjuicios alegadamente ocasionados, en el ámbito estrictamente civil.
El Ministerio Público acusa a los imputados de presunta corrupción, sabotaje al sistema de semaforización y terrorismo, además de los delitos de falsificación de documentos y asociación de malhechores.
La investigación se originó tras las irregularidades detectadas en el contrato suscrito con la empresa Transcore Latam, cuyo monto superó los RD$1,300 millones.
Luego de la suspensión de dicho contrato, el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo se apagó en dos ocasiones, provocando caos vehicular en distintas avenidas de la capital.
Este lunes, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Yanibet Rivas, aplazó la audiencia preliminar del caso.
El tribunal explicó que la decisión responde a la notificación de la querella con constitución en actoría civil, interpuesta por los representantes legales de las víctimas, entre las que figuran el Estado dominicano, la administración central del Ministerio de Defensa y el Intrant.
Asimismo, acogió la solicitud de las defensas técnicas de los imputados para una prórroga del plazo, al considerar procedente la aplicación de la tutela judicial diferenciada, tomando en cuenta la multiplicidad de partes y el volumen de documentación del proceso.
La magistrada advirtió que, tras cumplirse con la notificación íntegra del expediente, en la próxima convocatoria se iniciará formalmente el conocimiento de la audiencia preliminar.
La jueza estableció un calendario de trabajo, fijando las audiencias para celebrarse los lunes y viernes, en jornadas extendidas de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, sin descartar la habilitación de otros días, con el objetivo de garantizar un conocimiento eficiente, oportuno y conforme al debido proceso de ley.
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10 marzo 2026
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