Abogado exige responsabilidades y cambios en sistema de inspección de edificaciones

SANTO DOMINGO. – Tras el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó un saldo trágico de más de 230 víctimas, el abogado Manuel Olivero, especialista en derecho civil y con experiencia en seguros y construcción, durante una entrevista el programa El Despertador exigió y reformas urgentes en el sistema de inspección de edificaciones en el país.

Olivero señaló que los hechos ocurridos no pueden quedar en la impunidad. “Desde mi óptica, está claro que ha habido una negligencia, una imprudencia, un comportamiento no correcto que ha generado la pérdida no de una, no de dos, sino de más de 230 personas”, declaró. Señaló el artículo 319 del Código Penal como la base para una posible acción penal, y denunció las penas actuales: “No es posible que en 2025 una persona que por su descuido cause la muerte de 200 personas enfrente una pena de apenas dos años de prisión. Eso es una burla a la memoria de las víctimas”.

Fallas estructurales y permisividad

Olivero relató ejemplos concretos que, desde su experiencia, reflejan una cultura de permisividad y desprecio por la seguridad estructural: “¿En qué cabeza cabe montar cuatro compresores en un techo sin un peritaje técnico? ¿Quién autoriza un vaciado de fino sin un estudio estructural? Nadie pide permiso. En 40 años de carrera, jamás me han solicitado uno para eso”.

Criticó la ausencia de fiscalización y seguimiento tras la construcción de edificios: “Aquí se construye una obra, se entrega y nadie la vuelve a ver. Eso no puede seguir. Las inspecciones deben iniciar a los cinco años de construida una edificación, y luego hacerse periódicamente”.

Olivero lamentó que ni con la antigua Ley 687 ni con la actual Ley 160-21 del Ministerio de la Vivienda se haya establecido un reglamento efectivo para inspecciones periódicas. “No conozco un solo reglamento emitido en 40 años que establezca la obligación de inspección de edificaciones. Eso es una falla del Estado”, apuntó.

Comparó la situación local con estándares internacionales: “Todo dominicano tiene un primo en Nueva York. Allá, en cada edificio, en cada ascensor, hay una tarjeta con la fecha de la última inspección. Aquí no hay nada de eso. Y tenemos ingenieros desempleados que podrían estar haciendo esa labor”.

El abogado también abordó la posible responsabilidad del Estado en esta tragedia: “¿Es penal? No creo. Pero puede ser civil o administrativa. El juez deberá determinarlo”. Criticó la ausencia de acciones concretas por parte de instituciones públicas encargadas de la supervisión de edificaciones y cuestionó si hubo omisión ante alertas anteriores, como un incendio que ya había afectado el local.

En tanto que hizo un llamado a la conciencia ciudadana: “Aquí los mismos dominicanos le dicen a un extranjero que puede construir lo que quiera en una azotea. Le ofrecen dinero al administrador y mandan a perforar el techo. Así no se puede”.

Además instó a la sociedad, al gremio técnico, y al Estado a repensar todo el sistema de construcción y seguimiento estructural: “No podemos seguir haciendo cambios estructurales sin permisos, cargando techos con toneladas de peso sin estudios. Hay que establecer reglas claras y cumplirlas”.

Olivero reiteró la necesidad de aprobar un nuevo Código Penal con penas proporcionales a la magnitud de hechos como el ocurrido, y exigió que se desarrollen reglamentos eficaces para hacer cumplir la Ley 160-21: “Ya basta de improvisaciones. Esta tragedia tiene que marcar un antes y un después”.