SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado Namphi Rodríguez instó al alcalde del Distrito Nacional, David Collado, a “revocar cuanto antes la resolución que aumenta exorbitantemente” las tarifas del registro de los actos judiciales y extrajudiciales por contravenir los artículos 69 y 149 de la Constitución.
Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, dijo que el cabildo al emitir la resolución no tuvo a la vista la sentencia TC0339-14 del Tribunal Constitucional, que juzgó que imponer gravámenes onerosos a las sentencias de los tribunales de justicia colide con la Constitución.
“El alcalde Collado está a tiempo de hacer revocar esa decisión, pues si una persona tiene que pagar hasta diez mil pesos para dar certidumbre registral a una sentencia la justicia es una ilusión”, ponderó.
La ADN emitió una resolución que busca incrementar el costo de registro de los actos judiciales y extrajudiciales en más del mil por ciento.
Entre los actos cuyo registro ha sido aumentado están las documentaciones de entidades sin fines de lucro, los actos de notoriedad, los pagarés, contratos de préstamos, mandamientos de pagos y las sentencias de los tribunales.
En lo referente a las sentencias y a los mandamientos de pagos, la referida resolución estableció tarifas de hasta diez y cinco mil pesos que tendrán que pagar los ciudadanos para registrar dichos actos.
El jurista recordó que en el año 2014 el TC emitió la sentencia 0939 que regula el costo del registro de las sentencias y que declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 2334-85, sobre Registro de Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales.
Los artículos 69 y 149 de la Constitución establecen la tutela judicial efectiva y el principio de proporcionalidad en las actuaciones de la administración.
La sentencia del TC difirió para el primero de enero del 2017 sus efectos, por lo que la Suprema Corte de Justicia acaba de emitir una resolución ordenando a los magistrados observar la sentencia de los jueces constitucionales.
“Si una persona que ha obtenido una sentencia en un tribunal tiene que pagar hasta diez mil pesos para registrarla corre el riesgo de no hacerlo y consecuentemente la decisión de torna inefectiva, por lo que la tutela judicial no es más que un desiderátum”, subrayó el profesional del Derecho y activista de la sociedad civil.
Puntualizó que los órganos de la Administración deben tener la vista los criterios de las sentencias del TC al momento de emitir sus actos, de forma que se cumpla el principio de supremacía constitucional.
“Estamos en un Estado constitucional y eso no lo han entendido muchos órganos y funcionarios, hay que hacer un meticuloso ejercicio de comparación que la Constitución y las decisiones del intérprete de la Constitución, que es el TC, antes de aplicar las facultades constitucionales de los órganos”, concluyó.
