SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada contra la corrupción Administrativa aseguró este martes que están en disposición de conocer en cualquier modalidad las medidas de coerción en la Operación Medusa, que puso tras las rejas al exprocurador General de la República y demás co-imputados.
Este marte el Consejo Superior del Ministerio Público acogió la inhibición de la procuradora general, Miriam Germán Brito, respecto de la investigación y proceso judicial contra el extitular del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, para quien los órganos de persecución solicitan prisión preventiva bajo cargos de corrupción, lavado de activos y otros delitos.
El procurador adjunto Wilson Camacho señaló que el Ministerio Público está listo para conocer en audiencia pública la coerción del Caso Medusa, si el tribunal decide su transmisión por los canales oficiales del Poder Judicial, como llegó a pedir el imputado Jean Alain Rodríguez.
El exprocurador ha expresó interés de que su caso sea ventilado a través de los medios de comunicación, y para esto fueron creadas varias cuentas de redes sociales para dar a conocer informaciones relativas al caso Medusa, por el cual ya lleva más de una semana detenido.
A través de la cuenta @defensaJeanalain se informó que fue retirada la escolta del personal de seguridad a la familia del exprocurador y disponen su traslado a la zona fronteriza.
Este martes el máximo órgano de gobierno interno del Ministerio Público decidió a unanimidad acoger la decisión notificada por la magistrada Germán Brito, mediante acta, a la secretaria general del Ministerio Público, Gladys Sánchez Richiez.
Al ser preguntado con relación a la supuesta vinculación de una compañía que habría estado relacionada al ministro de la presidencia Lisandro Macarrulla en el caso Medusa, Camacho dijo lo siguiente:
El Ministerio Público presentó más de 5,800 páginas de pruebas para el caso, según la acusación los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
