SANTO DOMINGO.– El imputado Jean Alain Rodríguez fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para el conocimiento de algunas resoluciones presentadas por la defensa, mientras sus abogados esperan la notificación de la acusación formal del caso Medusa.
Al ofrecer declaraciones a la prensa, la defensa de Jean Alain llamó «rata e indeseable» al hombre que señalaron como «el del peluquín» por haber dicho que grabó al exprocurador, aunque aseguraron que no pueden decir que le entregó dinero como parte del supuesto peaje que había en la Procuraduría con la adjudicación de obras.
Luego de que el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, fuera apoderado de la acusación en contra de los implicados en el caso Medusa, cuyo acusado principal es el exprocurador Jean Alain Rodríguez, se espera que se determine si el caso será enviado a juicio de fondo o se emite un auto de no ha lugar.
Se recuerda que este martes que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), informó que tiene en su poder videos de cómo era que se entregaban los millones de pesos en extorsión a la red que encabezaba el exprocurador general Jean Alain Rodríguez al frente del Ministerio Público.
La acusación del caso Medusa, calificada por el fiscal anticorrupción Wilson Camacho como la más grande del país, tiene un volumen de 12, 274 páginas y cuenta con 3,500 pruebas.
Entre los acusados aparecen los nombres de Lisandro José Macarrulla, Rolando Sebelén Torres, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro, Miguel José Moya, además de otros empresarios de la construcción, en un caso sobre el que procurador adjunto Wilson Camacho advirtió de que “en la República Dominicana, la corrupción ya no tiene dónde esconderse”.
Fuentes de El Informe con Alicia Ortega y Noticias SIN dicen que la acusación cuenta con por lo menos 11 líneas de investigación, incluyendo el Plan de Humanización, los Alimentos del Sistema Penitenciario, sobornos valorados en mil millones de pesos, bienes incautados, el Inacif, Compras y Contrataciones, campañas políticas, lavado de activos, trituraciones de evidencia, declaraciones juradas falseadas desde 2012 y hasta una granja de bots; es decir, cuentas digitales falsas pagada, supuestamente con dinero del Ministerio Público.
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