Tal como fue concebida y como será implacablemente aplicada, la reforma fiscal pasará a la historia de injusticias nacionales como uno de los instrumentos más abusivos aplicados por el poder público en la República Dominicana.
El “paquetazo fiscal” se aplicará esta vez con un alcance estremecedor y en base al ejercicio de un poder confiscatorio que viola la Constitución de la República y las leyes adjetivas y el principio de un Estado que debe actuar con equidad frente a sus ciudadanos.
En efecto, a la gente se le está despojando arbitrariamente de los escasos medios con que han quedado de sus maltrechas economías para cubrir un déficit presupuestario que fue, en gran medida, el resultado del dispendio de fondos del erario y de manejos indebidos, por más explicaciones y justificaciones que quieren darse.
Dentro del amplio repertorio de distorsiones que crea en perjuicio principalmente de la ya golpeada clase media, la bendita reforma penaliza el ahorro, una práctica que todo gobierno debería proteger e incentivar.
Se trata, además, de una arbitrariedad mayúscula, en vista de que se supone que buena parte del dinero que la gente ahorra es el resultado de sus ingresos, después que estos han pagados los impuestos correspondientes, por lo que en la práctica representa una doble tributación.
Hay razones para pensar que en realidad el fin ulterior es eliminar el secreto bancario que hasta ahora existía en el sistema financiero nacional, quizás para luego idear nuevas y más lesivas cargas impositivas.
Si alguna bondad tendría esta eliminación, sería la búsqueda de capitales mal habidos, productos de la prevaricación, pero a juzgar por la marcada dejadez que hasta ahora se observa en el combate a la corrupción, existen pocas posibilidades de que este vital aspecto figure entre los objetivos.
Es lamentable que esta sea la inevitable receta que el presidente Danilo Medina
administre a la población, probablemente muy a pesar, porque en su persona se reconoce un dirigente de equilibrio bien intencionado.
