Por Julio Martínez Pozo
Los cambios dispuestos en el Gobierno por el presidente Danilo Medina en la etapa de la segunda transición que iniciaron con los nombramientos del mayor general Manuel Castro Castillo, como jefe de la Policía Nacional, y del licenciado Enrique Ramírez, como nuevo administrador del Banco de Reservas, y continuados con el remeneón que lleva a Carlos Amarante Baret al Ministerio de Educación, a Gedeón Santos al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y a José Domínguez Peña al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), están orientados por el mismo espíritu: cumplir con mayor eficiencia y pulcritud las metas gubernamentales y abrir espacios en un tren que había pasado medio lleno.
Estas remociones han sido recibidas con alborozo por la reconocida capacidad y trayectoria de los designados: lo de Castro Castillo se esperaba, policía de formación y vocación, sin tachas y con voluntad para producir cambios; el nombramiento de Enrique Ramírez, ha sido saludado por el empresariado, líderes de opinión y economistas, el Banreservas aguarda por mejoras que un profesional del sector bancario con su experiencia y conocimientos puede producir sin traumas.
Carlos Amarante Baret se esperaba desde el inicio del mandato en una de las posiciones ministeriales de mayor relevancia, y para que no tenga derecho a la queja, le han entregado la principal, no solo porque maneja el mayor de los presupuestos, sino porque alrededor de ella están cifradas gran parte de las expectativas que permitirán evaluar en el futuro el éxito o el fracaso de la gestión de Danilo Medina, ha mostrado gerencia, sabe que se juega su futuro político y está comprometido hasta los tuéstanos con el proyecto que encarna el actual presidente, es consciente de que solo tiene una opción, la de fajarse de campana a campana a hacerlo bien.
Gedeón Santos tiene una excelente entrada al tren gubernamental, su capacidad y sus méritos también son ministeriales, antes de que Danilo Medina concluya su periodo debe ser designado como canciller de la República, pero tiene en el Indotel la oportunidad de probar capacidad administrativa, es un expositor exquisito, pero él más que nadie sabe que la sociedad clama por líderes que puedan reconocerse por sus hechos.
Los que conocen a Joaquín Domínguez Peña, hablan de una persona competente y comprometida, con potencialidad para transformar el caos en que devino el CEA.
Pero con el mismo entusiasmo con el que saludo esos cambios repruebo dos ocurrencias que las considero como fiascos, la primera fue la del informe presentado por la comisión de la Cámara de Diputados integrada para investigar las diferencias a lo interno de la Junta Central Electoral, un monumento a la irresponsabilidad.
Concluyeron planteando que no había sido grave que un miembro titular de la Junta Central Electoral, (JCE), inventara una infamia que ha servido para construir un expediente contra la República Dominicana, o que sin autorización del pleno de su institución participe en una actividad internacional contraria a los interés del Estado dominicano, haciéndolo partícipe de una convención que no ha sido refrendada por el Congreso.
Lo otro ha sido la designación de una comisión de veeduría creada por el ministerio de la Presidencia para mostrar pulcritud en sus compras, dejando la percepción de que los mecanismos institucionales de lo que dispone el gobierno no son confiables, que la Comisión de Ética que opera que cada institución, Compras y Contrataciones y Contraloría son inservibles, y si el Gobierno no confía en él, la sociedad menos.