SANTO DOMINGO.- La comunidad LGBTIQ aprobó este jueves la instrucción reciente de la Procuradora General de la República, en la que se definen las políticas internas que deberán conducir el proceder de los miembros del Ministerio Público cuando se involucre a la población vulnerable. Entre estos se incluyó a las que sufren discriminación por su identidad de género en algunos sectores, siendo difícil que disfruten a «plenitud» sus derechos constitucionales.
El activista Leonardo Sánchez calificó la medida como «un paso de avance» que persigue cumplir con los compromisos asumidos por la nación en convenios internacionales y a la orden de la Carta Magna sobre el respeto a la dignidad de los individuos.
El coordinador de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), Francisco Rodríguez, manifestó que la normativa tiene el propósito de proteger la condición y la identidad de las personas que ingresen a las instituciones del Ministerio Público para evitar la promoción de su situación.
«En el tratamiento de los casos de LGTB se ha planteado que se mantenga la atención y sobre todo que su situación, su condición o estado se mantenga bajo reserva, que no sea usado como un elemento de promoción, para divulgarlo, que se mantenga discrecionalmente para no exponerlo», sostuvo Rodríguez.
Afirmó que los fiscales actuantes siempre han desempeñado su labor con mesura, de forma racional y respetando los derechos de la comunidad (homosexuales, lesbianas y transexuales).
El artículo 6 de la instrucción 0000002 trata sobre el respeto a la orientación e identidad de género, que «todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de género que exprese. Siempre se debe guardar la discreción sobre los datos revelados».
