El acuerdo de resarcimiento económico al Estado dominicano por parte de constructora Norberto Odebrecht anunciado por la Procuraduría General de la República, tiene puntos favorables para el interés nacional.
Lo primero es el precedente de que una denuncia de soborno no ha quedado impune, independientemente de que no haya sido probada con las diligencias encaminadas por el Ministerio Público hasta la fecha del acuerdo, se ha partido del agravio que ha representado para el país la inclusión de su nombre entre los lugares que las operaciones de la empresa se habrían manejado coimas, conforme a las delaciones premiadas de sus ejecutivos ante la justicia brasileña.
Percatada del perjuicio moral de esas alusiones, la empresa ha tenido la disposición de resarcir en función de lo que establecen las leyes de los países que ha afectado, y en el caso dominicano ha sido conminada a ceñirse a lo pautado por la Ley 448-06, que ordena el pago del duplo del monto del alegado soborno, por lo que se ha comprometido con un pago de 184 millones de dólares.
Pero si bien el pago cubre cualquier responsabilidad por parte de la empresa, no cierra la investigación, y si develadas las delaciones que dieron origen al escándalo se establecieran identidades de personas que han repartido o recibidos sobornos, pueden ser procesadas.
Odebrecht ha tenido un grave tropiezo que la compromete a volver a los controles y a los principios de autogobernanza que les imprimió su fundador, que aspiró siempre a que cuando su empresa se mencionara en el mundo fuera por la incuestionable calidad de sus obras, por la eficiencia con las que la realizan, y las estrictas normas de protección para la seguridad de sus empleados y los ciudadanos que interactúan en las áreas intervenidas.
Otra característica que lo enorgullecía es el criterio de que las oportunidades de empleos que generasen las obras tenía que estar copada mayoritariamente por mano de obra de los países en los que laboraba, y entre las cosas plausibles del acuerdo está el hecho de que 5,500 empleos de calidad directos en la República Dominicana y miles de indirectos a través de más de trescientos subcontratistas, no tenían por qué pagar las consecuencias de malas actuaciones de unos pocos.
El acuerdo es bueno porque preserva la estabilidad financiera de decenas de empresas suplidoras y de subcontratistas con los que Odebrecht podrá continuar honrando sus compromisos con la puntualidad que le ha caracterizado, al igual que con las entidades financieras.
La empresa podrá completar con éxitos las obras que construye, todas de vital importancia para el desarrollo de la nación, y de manera muy especial la que algunos querían aprovechar la oportunidad para retrasar o boicotear: las generadoras a carbón de Punta Catalina.
Muchos dominicanos están hastiados de la impunidad y la dimensión del escándalo desatado por las denuncias que se desprendieron de la colaboración premiada con la justicia brasileña, lo han llevado a protestar con toda legitimidad, pero tras ellos también se han colocado los que nos les interesan cambios en el mercado eléctrico que lo han manejado a su antojo en una conducta que ha esquilmado muchos de los recursos que el país puede destinar a la mejoría de las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Un año de retraso de Punta Catalina representa millones de dólares de ganancias para aquellos que siempre se han servido con la cuchara grande en el sector eléctrico.
El proceso deja lecciones importantes para empresarios, políticos y funcionarios públicos.