SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) expresó su rechazo al proyecto de Ley que propone entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores afiliados a las administradoras de fondos de pensiones que así lo soliciten.
Las AFP miembros de la ADAFP, dan a conocer su posición en relación con las graves consecuencias que tendría una nueva modificación de la Ley 87-01, a todas luces inviable, sin las debidas ponderaciones y necesaria participación de los trabajadores afiliados y de sus empleadores, ni de las autoridades gubernamentales, los tres actores fundamentales del sistema previsional.
Según el documento, algunos de los principales efectos negativos que implica seguir adelante con ese proyecto de Ley que cursa en el Congreso Nacional son:
Los fondos de pensiones fueron creados con el fin de garantizar un retiro de calidad a los trabajadores afiliados. Con el adelanto de un 30%, estos asumirían con sus propios ahorros el costo de la crisis económica provocada por el Covid-19, cuando ese es un deber del Estado, para lo cual hizo una emisión de bonos soberanos denominados Covid-19 por RD$40 mil millones.
En razón del impacto negativo que tendría en la economía, encareciendo los precios y debilitando nuestra moneda, el valor de la pensión de los trabajadores disminuiría doblemente: por retirar parte de los ahorros obtenidos hasta la fecha y, además, por las implicaciones que la operación tendría en el valor patrimonial de los fondos, colocándolos en una situación de precariedad a futuro.
Como señaló el gobernador del Banco Central, la modificación de la Ley 87-01 tendría consecuencias perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, así como para la estabilidad y el crecimiento económico. Aumentaría desproporcionadamente la emisión monetaria en más de 64% respecto al nivel actual, provocaría altos índices de inflación, mayor presión y deslizamiento de la tasa de cambio, incremento de las tasas de interés y reduciría el poder adquisitivo de las personas, en particular de los hogares de menores ingresos.
Estas consecuencias negativas también han sido advertidas por el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), sindicatos, los partidos políticos mayoritarios, y expertos en economía y pensiones de nuestro país y el extranjero.
Como ha sido concebido, el proyecto de Ley es inviable por múltiples razones. Estas van desde la logística que exige la entrega de más de RD$175 mil millones a los trabajadores en un plazo de diez días, hasta la gestión de esos fondos, imposibles de conseguir a través de la venta de títulos al Banco Central o a los bancos comerciales, debido a la cuantía de los mismos, a lo que se agrega el efecto adverso en la economía nacional. En el caso de que estos sean vendidos en el mercado internacional, hay que señalar que en el momento actual estos tendrían que venderse muy por debajo de su valor, resultando una operación onerosa para los trabajadores.
Dada la obvia inviabilidad de este proyecto de Ley, no es prudente alimentar expectativas que puedan crear frustración y crispación social en un segmento de la población.