La Ong dijo que si esto es comprobado, los responsables tendrían que ser sometidos a un juicio político, como se desprende de las declaraciones de la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal, que dijo: «se violaron procedimientos legislativos para la aprobación de las modificaciones al Código Procesal Penal», por lo que propuso al pleno de la Cámara de Diputados que lo remita a la Comisión de Ética de ese organismo.
De acuerdo a ADOCCO, Tavárez Mirabal aseguró que «durante la sesión en que se conoció ese proyecto, perimido, se les dijo a los diputados que no era necesario remitirlo a comisión porque iban a aprobar las mismas modificaciones que le habían hecho con anterioridad, lo que no fue cierto. No era igual y aquí no se envió a Comisión, se aprobó de urgencia en dos lecturas consecutivas sin que fuera a comisión, lo que consta en todos los documentos que son de dominio público».
La organización de la sociedad civil, que solicitó al presidente Danilo Medina que observara el proyecto de ley, calificó de sensata la observación y devolución con las recomendaciones de que las modificaciones sean sometidas a un rigoroso debate de todos los sectores de la vida pública nacional que consideran un retroceso las modificaciones realizadas al código.
Citó entre esos retrocesos, la modificación del artículo 85 que excluye a las organizaciones de la sociedad civil y a cualquier ciudadano, querellarse contra funcionarios públicos acusados de la comisión de actos de corrupción, en franca violación de las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos Contra la Corrupción, de las cuales el país es signatario.
