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ADOCCO pide juicio político contra alcalde SDN por supuestas irregularidades en cabildo

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  • martes 13 diciembre, 2011 - 10:25 AM |  País,
   ADOCCO pide juicio político contra alcalde SDN por supuestas irregularidades en cabildo
ADOCCO pide juicio político contra alcalde SDN por supuestas irregularidades en cabildo

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicitó a la Cámara de Diputados que investigue al alcalde de SDN, Francisco Fernández por las graves irregularidades reveladas por la periodista Nuria Piera en su programa sobre la adquisición de una villa en el famoso residencial Metro Country Club.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicitó este martes a la Cámara de Diputados la investigación a los fines de presentar al Senado de la República un juicio político al alcalde de Santo Domingo Norte Francisco Fernández por las serias y graves irregularidades reveladas por la periodista Nuria Piera en su programa que transmite cada sábado y lunes por Color Visión y CDN, respectivamente, sobre la adquisición de una villa en el famoso residencial Metro Country Club.

Se recuerda que la Constitución de la república contempla en su Artículo 83 sobre atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

En tal sentido la acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del Presidente y el Vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación.

Continuando con el artículo 80 establece como atribuciones exclusivas del Senado conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1, La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años.

En ese orden contempla que la persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula.

Mientras el reportaje revela como a más de un año de haber asumido sus funciones al frente del cabildo, Francisco Fernández no ha presentado ante las autoridades su declaración jurada de bienes como lo establece la Ley 82-79 de Declaración Jurada de Bienes.

El Coordinador General de la organización de la sociedad civil Julio Cesar De la Rosa Tiburcio califico como un acto de corrupción más el hecho de que Francisco Fernández, comprara la lujosa mansión en octubre de este año en el residencial Metro Country Club, a un costo de más de 25 Millones de pesos a nombre de Henry Antonio Morel, reconocido contratista del ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

El representante de ADOCCO destaco que la compra de un bien inmueble de esa magnitud, en estos momentos y no antes de ser alcalde evidencia que la misma se hizo con el dinero destinado a la administración del municipio que atraviesa por una situación calamitosa, donde se puede observar las excavaciones para la construcción de un puente peatonal frente al centro de estudio y primera estación del Metro de Santo Domingo, dejado inconcluso, donde a diario cruzan estudiantes sorteando todo tipo de riesgo.

El representante de la Sociedad Civil anuncio que llevara este caso a los tribunales, en cumplimiento a su objetivo de luchar contra la corrupción, amparado en el artículo 146 de la constitución que proscribe la corrupción en la administración pública.

De la Rosa Tiburcio denuncio que los síndicos no cumplen con la ley 176-07, al disponer de los recursos que manejan a su antojo como si se tratara de fondos particulares, en contra de las posiciones de regidores y por la inoperante Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, DPCA, que no exige de los alcaldes la presentación de las declaraciones juradas como manda la ley.

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