SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), respalda la creación de la Comisión de Recuperación de Terrenos del Estado, permitirá el retorno al patrimonio del pueblo dominicano, los millones de metros cuadrados de tierra, entre los que se destacan los pertenecientes al Consejo Estatal de Azúcar, CEA, donde operaban los campos de caña de los diferentes ingenios, así como la venta de los terrenos donde opera la Base Naval 27 de Febrero de la Armada de la República Dominicana y el puerto de San Souci y el Club de Oficiales de la Armada a orilla del mar.
Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, presidente de la organización, calificó de trascendentales las palabras externadas por el presidente Luis Abinader, al momento de tomar el juramento de los miembros de la comisión.
Entre los primeros casos que ADOCCO presentará a los comisionados para la recuperación de la tierra robada al Estado dominicano, señala la transferencia por 39 millones de dólares, mediante permuta, de los terrenos de la Armada dominicana, el puerto de San Souci, los terrenos donde operaba el ingenio Boca Chica, las tierras utilizadas como campos de caña de los ingenios Montellano, Puerto Plata, Esperanza, Valverde, Barahona, Río Haina y Catarey, Villa Altagracia, San Cristóbal, San pedro de Macorís, así como también donde opera el vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte .
“Entre los años 1961 y 1966 los ingenios propiedad del estado, estuvieron regidos por la Corporación Azucarera Dominicana, creada por la Ley No. 78, operados con altas y bajas por lo accidentado de la vida política y económica de la época, pasando en el año 1966 a crearse, mediante la Ley No. 7, el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, como ente administrador del emporio azucarero, integrado en ese momento por los doce ingenios que pertenecieron al dictador Rafael Leónidas Trujillo; en la década de los 80, el CEA inició un proceso de diversificación que culminó con la desaparición de los ingenios Esperanza de Valverde y Catarey de Villa Altagracia, San Cristóbal, pasando parte de sus tierras a consorcios privados en calidad de arrendamiento y otros transferidos al Instituto Agrario Dominicano.
El patrimonio del CEA, en el año 1987 registraba 3.7 millones de tareas, siendo su mayoría vendidas a precio irrisorio, donadas u ocupadas por particulares, sin tomar en cuenta a las comunidades, destacándose en su mayoría como receptores, empresas, políticos, funcionarios, legisladores, militares y policías., por lo que abrigamos la esperanza de que la comisión juramentada ayer por el presidente Luis Abinader, restituya las tierras robadas descaradamente.