REDACCIÓN.- Alrededor de 42 mil bancas de loterías operan de manera ilegal en el país, de las cuales una gran mayoría pertenece a diputados, senadores y funcionarios públicos, mientras que el gobierno, con conocimiento de esta situación, no ha tomado medidas efectivas para regular este sector, expresó el abogado José Castillo.
«Es un problema nacional que existe en la actualidad con el problema de los juegos de azar en la República Dominicana, donde el Estado privilegia a una serie de personas, políticos, diputados, senadores, para que operen cientos, miles de bancas ilegales, pero no solamente diputados y senadores, otros ciudadanos que operan cientos de bancas ilegales, y el Ministerio de Hacienda y sus funcionarios tienen conocimiento», señaló el jurista.
Durante su participación en El Despertador, José Castillo indicó que en el plan de regularización se reportaron hasta 71,902 bancas de las cuales 30, 974 son legales y más de 40,000 bancas sin regulación.
Castillo lamentó que el plan de regularización esté «en el aire», sin avances significativos, a pesar de que el presidente de la República fue informado de la necesidad de intervenir en el sector de las loterías.
Aseguró que el Estado deja de percibir «alrededor de 3,170 millones de pesos por concepto de pago de los impuestos de la banca» debido a esta falta de regulación y a la permisibilidad hacia las operaciones ilegales.
El abogado también sugirió que la influencia de las bancas de lotería en la política podría ser una de las razones de la inacción estatal.
«Este sector mueve mucho dinero y patrocina a muchos políticos», afirmó, mencionando que las bancas podrían contribuir a las campañas electorales de candidatos a cargos públicos. Esto, según Castillo, genera una especie de «impunidad y complicidad» que permite a las bancas ilegales seguir operando sin repercusiones.
Castillo destacó que la regulación efectiva es factible ya que «los banqueros le han dicho al Estado y a esta sociedad que manejan 72,000 bancas y que de esas 72,000 bancas, 42,000 son ilegales».
Agregó que «el gobierno tiene las direcciones, los propietarios, el nombre de la banca, la ubicación geográfica de la banca». Ante esta situación, Castillo hace un llamado al presidente de la República para que intervenga y «realmente se regularice» el sector, de modo que todas las bancas de lotería en el país operen legalmente y paguen los impuestos correspondientes.
Actualmente, una banca de lotería paga alrededor de 70 mil pesos anuales en impuestos, incluyendo un impuesto único establecido por la Ley 139-11.
Castillo espera que, con una mayor fiscalización y el cumplimiento de las leyes vigentes, el sector de las loterías pueda operar de forma regulada y aportar de manera significativa al Estado.