Afirman MP debe investigar irregularidades en construcción del Metro, tras auditoría de Cámara de Cuentas

SANTO DOMINGO.– Las irregularidades por más de 30 mil millones de pesos halladas por la Cámara de Cuentas en la compras y contrataciones para la construcción del Metro representa la base para que el Ministerio Público emprenda una investigación a la gestión del exdirector de la OPRET, Diandino Peña, de acuerdo con diversos sectores de la sociedad civil y legisladores de diversas bancadas.

En medio de cuestionantes sobre la labor de los órganos fiscalizadores durante la pasada gestión, miembros de la sociedad civil consideran que haber cometido irregularidades o acciones corruptas parece ser un patrón ellos ex funcionarios del gobierno mientras desempeñaban sus funciones.

De su lado, legisladores de diversas bancadas criticaron que la auditoría de la Cámara de Cuentas se hiciera años después de que terminara la gestión de Diandino Peña en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte.

Mientras que diputados peledeístas entienden que si hay indicios para someter judicialmente a Peña debe hacerse respetando el debido proceso y que además no solo se preste atención a las acciones de la pasada gestión.

Según la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas, la gestión de Diandino Peña en la OPRET, entre enero del 2013 a diciembre del 2017, incurrió en irregularidades por más de 30 mil millones de pesos en la construcción del Metro de Santo Domingo.

Entre los hallazgos, el órgano detalla una serie de incumplimientos que incluyen expedientes de contratos por más 14 mil millones de pesos “carente de documentación soporte”, además de otros procedimientos de contrataciones por más de seis mil millones “sin evidencia de publicaciones a convocatorias”, como lo exige la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

La pesquisa se realizó tras dos investigaciones presentadas por El Informe con Alicia Ortega en 2017, la primera que culminó con la destitución de Peña.El informe destaca además, la falta de planificación en las obras, desalojos y traslados sin documentos justificativos que le costaron miles de millones de pesos al Estado dominicano.