Según relató Méndez, el incidente ocurrió cuando ingresó al hospital para ver a su hija. El agente lo acusó de intentar grabar dentro del centro y, a pesar de que el comunicador negó tal intención, lo atacó con palos y cadenazos, causándole contusiones en la espalda y brazos. La agresión generó indignación entre los presentes.
Sabana Grande de Boyá, Monte Plata.- La tarde de este miércoles, un agente de seguridad del hospital Pedro A. Heredia Rojas, identificado como “Mindin”, agredió físicamente al comunicador Félix Méndez mientras visitaba a su hija recién nacida.
Según relató Méndez, el incidente ocurrió cuando ingresó al hospital para ver a su hija. El agente lo acusó de intentar grabar dentro del centro y, a pesar de que el comunicador negó tal intención, lo atacó con palos y cadenazos, causándole contusiones en la espalda y brazos. La agresión generó indignación entre los presentes.
Fuentes internas del hospital señalaron que el personal de seguridad habría recibido instrucciones de restringir el acceso y las grabaciones de periodistas, tras incidentes previos en los que comunicadores locales difundieron situaciones del centro.
El hecho ha generado un amplio rechazo en la comunidad de Sabana Grande de Boyá. Ciudadanos, periodistas y líderes locales condenaron la agresión y exigieron a las autoridades del hospital y al Servicio Nacional de Salud (SNS) investigar el caso y sancionar a los responsables.
Diversos sectores del municipio consideran que la violencia contra los miembros de la prensa constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información. Por ello, demandan medidas efectivas para prevenir que hechos similares se repitan en instituciones públicas.
Los ataques o agresiones a periodistas mientras ejercen su labor informativa en espacios públicos o instituciones estatales representan un fenómeno preocupante en muchos países, ya que afectan la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Diversos informes de organizaciones internacionales de prensa han documentado que los comunicadores suelen ser objeto de intimidación, amenazas y agresiones físicas al cubrir noticias sensibles o denunciar irregularidades.
En particular, los hospitales y centros de salud han sido escenarios de conflictos entre personal de seguridad y medios de comunicación, principalmente cuando se restringe el acceso para grabar o documentar la atención a pacientes.
Estas situaciones surgen, en ocasiones, por protocolos internos, instrucciones superiores o la percepción de vulneración de la privacidad de los pacientes, pero el exceso de fuerza física contra periodistas constituye una violación de derechos humanos y profesionales.
El marco legal en la mayoría de los países establece que los periodistas tienen derecho a informar en lugares de interés público, siempre que se respeten normas de seguridad y confidencialidad.
Sin embargo, la falta de supervisión o de protocolos claros para el manejo de la prensa dentro de instituciones públicas ha derivado históricamente en agresiones, multas o restricciones arbitrarias, generando rechazo de la sociedad y exigencias de investigación y sanción de los responsables por parte de autoridades competentes.
En este contexto, los casos recientes de violencia contra periodistas refuerzan la necesidad de que las instituciones públicas, como hospitales, desarrollen mecanismos claros que permitan la cobertura mediática sin poner en riesgo la seguridad de los trabajadores de prensa ni de los pacientes, protegiendo así el derecho a la información veraz y oportuna.