Ahora las democracias ya no mueren manu militari, sino de inanición política

Sobran razones al arzobispo Francisco Ozoria y a todos los que temen que el país se encamina a un nuevo tipo de dictadura, que ya no se define por los sables, el asesinato y el exilio, sino por el socavamiento de las bases institucionales y el predominio caudillista.

No sería racional sostener que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina es una dictadura clásica del siglo pasado, como la definió el general peruano Manuel Odría cuando le pidieron que explicara su afirmación de que él gobernaba con la religión y el deporte (1948-56), y respondió: “que quien no comulga conmigo, lo deporto”.

Tal como sostienen los académicos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro de septiembre pasado “Cómo Mueren las Democracias”, éstas ya no fracasan de forma dramática a manos de generales, sino de líderes electos que socavan poco a poco las bases institucionales, en pasos apenas apreciables.

La dictadura según Ozoria

Han tenido que manipular al Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, para intentar descalificarlo por su advertencia de que “si no despertamos, si no cambiamos, vamos hacia una dictadura”, tras quejarse de que la actual estructura gubernamental no respeta la independencia de poderes en que se fundamenta la institucionalidad democrática consagrada en la Constitución. Y le sobran razones tanto a él como a otros prelados, sacerdotes, ministros de diversos credos y dirigentes políticos y sociales que en las últimas semanas denuncia la erosión de las frágiles bases de la democracia dominicana, en aras del continuismo en el poder.

Los detonantes han sido dramáticos: la impudicia con que a la vista de todos el presidente Medina manejó el Consejo Nacional de la Magistratura, colocando en un paredón de calumnias y mentiras al mayor símbolo de la independencia judicial, Miriam Germán, para sustituir sin la correspondiente evaluación a casi la mitad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia en violación de la Constitución, varias leyes y el reglamento del organismo. Y luego por las presiones, amenazas y acciones intimidatorias contra los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por la sentencia que afecta a un partido aliado del gobierno, lo que Participación Ciudadana definió como ominosa advertencia contra otros órganos, entidades y ciudadanos.

Es obvio que en el país no hay presos políticos ni los asesinatos y deportaciones que caracterizaron las dictaduras desde el inicio de la República, pero es cuasi dictatorial que se sustituyan jueces clamando falsedades, o que al presidente del TSE le despojaran de su escolta en plena calle, y que ministros y el mismo Procurador General lo citaran de madrugada, o que se revele que  en dos años se solicitaron 17 mil 637 interceptaciones de teléfonos bajo el pretexto de una investigación judicial, muchos de ellos con nombres ocultos, porque no procedían.

Baja calidad democrática

La pobreza institucional de la nación quedó documentada en el reciente informe sobre Calidad de la Democracia en la República Dominicana publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resumido en El Tema de HOY del 30 de marzo último, en la posición 20 de 24 países de América Latina y el Caribe, sólo mejor que Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. De 100 indicadores, sólo registramos 20 como satisfactorios, con 32 aceptables y 48 deficitarios.

“”Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial  y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las leyes… aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país” (página 98 del informe).

“La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democráticas para servir como contrapesos, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado. Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia ante situaciones con potencial desestabilizador” (página 129).

“La República Dominicana presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público” (página 140).

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El control casi absoluto del PLD

• Mantiene la presidencia de la nación desde el 2004, en elecciones profundamente desiguales, con abuso del Estado y grandes déficits fiscales en las campañas electorales
• Absoluto control del Poder Legislativo, arrebatando hasta la única senaduría opositora en el 20l0
• Reformas constitucionales en el 2010 y 2015 para garantizarse el control del Estado
• Dirigentes del PLD controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público
• Elección de una mayoría de dirigentes y allegados en los órganos electorales
• Apropiación de dos tercios del 10 por ciento de los ingresos fiscales que la ley destina a los ayuntamientos, a los que sustrajo $184 mil millones sólo en el lapso 2013-18
• Violación sistemática de leyes fundamentales, como la del sistema financiero, la de salarios públicos, y la de Estrategia Nacional de Desarrollo
• Manipulación de la opinión pública con tres mil comunicadores en las nóminas estatales, inversión publicitaria de $10 millones por día y presión a independientes.
• Utilización de jueces y árbitros electorales para destruir o reducir partidos opositores
• El Comité Político del PLD, 35 miembros, decide hasta las reformas constitucionales
• Cooptación de gran parte del liderazgo político, sindical, profesional, artístico, y dirigentes sociales mediante empleos, becas, compras y contrataciones.
• Creación de miles de empresas de dirigentes y allegados, mediante corrupción y privilegios
• Controles sobre 1 millón 200 mil personas, mediante programas sociales que apenas promedian 30 dólares mensuales
• Incorporación a las nóminas y nominillas públicas de decenas de miles de dirigentes del PLD
• En el 2016 designaron 33 mil empleados temporeros, activistas electorales

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La muerte de la democracia

            En un libro de 335 páginas, Levitsky y Ziblatt sostienen que la democracia se bate en retirada en muchas partes del mundo, incluido los Estados Unidos, sobre todo tras el apogeo de Donald Trump, víctima de los políticos, no de los generales, que abusan de los mismos mecanismos que les permitieron acceder al poder, desconociendo las reglas de la tolerancia mutua y la contención institucional, “apresando a los árbitros, marginando a los actores clave, y reescribiendo las reglas del juego para inclinar el campo en contra de sus adversarios” (página 206).

“Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Los golpes militares y otras usurpaciones del poder por medios violentos son poco frecuentes. En la mayoría de los países se celebran elecciones con regularidad. Y aunque las democracias siguen fracasando, lo hacen de otras formas, Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos” (página 13).

Con múltiples ejemplos americanos y de otros continentes, los autores dedican un capítulo 4 a describir cómo se realiza “La subversión de la democracia”. Con frecuencia el desmantelamiento es paulatino. “Al principio puede resultar imperceptible…siguen celebrando elecciones, los políticos de oposición siguen ocupando escaños en el Congreso y la prensa sigue publicándose. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco (página 95).

“Con los tribunales repletos de personas afines y las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley metidas en cintura, los Gobiernos pueden actuar con impunidad…Y las agencias de inteligencia pueden dedicarse a espiar a las personas críticas y desenterrar material para chantajearlas…despidiendo a los funcionarios y otros empleados públicos ajenos al partido y reemplazándolos por leales” (página 96).

Una descripción local

El libro de Levitsky y Ziblatt parece una descripción del proceso seguido por el PLD en el poder. Subraya que “La mayoría de las autocracias contemporáneas no borran todo rasgo de disidencia… A medida que los medios de comunicación más destacados son atacados, otros se vuelven recelosos y empiezan a practicar la autocensura… también buscan debilitar a los empresarios con medios para financiar a la oposición e intentan silenciar a figuras culturales populares o de reputación moral (páginas 103-104).

“Los autócratas que pretender consolidar su poder acostumbran a reformar la Constitución,, el sistema electoral y otras instituciones de modo que resultan desfavorable o debilitan a la oposición” (página 106). Para que el sistema constitucional funcione, debe darse un delicado equilibrio entre el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. El Congreso y los tribunales deben supervisar y, en caso necesario, controlar el poder del presidente. Son, por así decirlo, los perros guardianes de la democracia” (páginas 147-148).

Los autores sostienen que “Las instituciones por sí solas no bastan para poner freno a los autócratas electos. Hay que defender la Constitución, y esa defensa no solo deben realizarla los partidos políticos y la ciudadanía organizada, sino que también debe realizarse mediante sistemas democráticos… La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”.

La maldita reelección

            Como siempre en la historia nacional, detrás de grandes intentos por subvertir el orden institucional, se encuentro un proyecto de prolongación indefinida en el poder, lo que se ha llamado “la maldita reelección”, y eso comenzó a tomar cuerpo desde antes de la mitad del segundo período del presidente Medina, pese a una prohibición constitucional por él mismo auspiciada en el 2015, como ha quedado documentado en esta página:

• “Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política”. 14 de abril del 2018, cuando su Senado aprobó el absurdo proyecto de ley que buscaba imponer a todos los partidos el padrón abierto para elegir candidatos.
• “Otra reelección de Danilo Medina le saldrá muy cara a la nación” (25 de agosto del 2018).     
• “Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática” (29 de diciembre del 2018).
• “El discurso de Medina inicia la ofensiva por su reelección” (2 de marzo del 2019)
• “La calidad democrática de RD entre las 5 peores de la región” (30 de marzo del 2019)
• “Nuevo escándalo: el PLD y su Gobierno socavan la institucionalidad democrática” (13 de abril del 2019).