Vivimos en un país plagado de contrastes en el que el desarrollo se confunde con el progreso, el éxito con la acumulación de bienes y la honorabilidad con las posiciones ocupadas.
Tenemos un malo e ineficiente transporte público en gran medida por irresponsabilidad de nuestros distintos gobiernos que prefirieron dejar que el mismo fuese secuestrado por empresarios disfrazados de sindicalistas, muchos de ellos convertidos en políticos y funcionarios, que son dueños de nuestras calles en las que transitan sin cumplir la ley impunemente e imponiendo a la fuerza su control de rutas y otros privilegios, incluso segando vilmente vidas.
Sin embargo, en vez de atacar el problema, de sustituir las ineficientes chatarras del transporte público por adecuados autobuses de empresas privadas que den un servicio de calidad, por voluntad del entonces presidente y contra las recomendaciones de expertos y los sectores nacionales aglutinados en el Consejo Económico y Social, decidimos embarcarnos en una costosísima inversión en un metro, que es como tener un techo de oro en una casa de piso de tierra.
Esta millonaria inversión ha sido una solución parcial de transporte para un porcentaje relativamente bajo de los habitantes de la capital y parte de su periferia, que en poco ha contribuido al mejoramiento de nuestro caótico tráfico, en el alto costo de bolsillo que representa el transporte para los ciudadanos y en la mejoría del transporte público, ya que ni las rutas alimentadoras fueron organizadas, ni se hizo nada por transformar el desorden del transporte público como ordenaba el decreto 477-05 que creó la OPRET.
Las decisiones que toman nuestras autoridades tienen consecuencias que al fin y al cabo pagamos todos, pues hoy tenemos en adición al aumento de la deuda pública por dicha monumental inversión, una secuela de corrupción que el rumor público resumió denominando “El Métrico” al centro comercial construido por el ex-director de la Opret, rumores que han adquirido visos de realidad, gracias a una responsable y profesional investigación periodística, que mostró claras evidencias de enriquecimiento ilícito, conflictos de interés, corrupción y violación a la ley que yacían escondidas y, que Alicia, emulando el personaje del célebre cuento, descendiendo al agujero del metro, descubrió un “país de las maravillas” que operaba para beneficio del ex director y su gente.
El transporte público es uno de esos temas que, lejos de solucionarse cada vez se complica más, en el que se entremezclan los intereses y el clientelismo, por eso casi todos los planes efectuados han acabado en escándalos de corrupción.
La Ley 63-17 de Movilidad y Transporte es un nuevo intento de organización del transporte, la cual derogó los decretos de creación de la OPRET y la OMSA, ordenando que, en un plazo de 6 meses ya transcurrido, se transformaran en empresas públicas o públicas-privadas mediante decretos dictados por el Poder Ejecutivo, lo que no se ha hecho.
Si algo retrata el nivel de desarrollo de un país y de civilidad de sus ciudadanos es el tránsito, y ahí por más crecimiento económico que podamos exhibir, se nos caen todas las calificaciones.
Esto solo cambiará si se exige el cumplimiento de la ley por todos, motoristas, sindicalistas, choferes del transporte público, funcionarios, poderosos y “humildes padres de familia”. Pero para ello las autoridades deben ganarse el respeto y esto solo se producirá cuando ellas mismas cumplan la ley y se produzcan los debidos castigos a quienes no solo las han violado, sino que han castrado el desarrollo manteniendo un sistema obsoleto y corrupto en detrimento de la mayoría y para enriquecimiento de unos cuantos.