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Alicia Ortega responde a la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La contratación por exclusividad, en beneficio de 38 empresas y en pleno proceso electoral, de más de RD$11,500 millones en hormigón asfáltico caliente, por parte del Ministerio de Obras Públicas, merece una investigación transparente, profesional y revestida de ética por parte de las nuevas autoridades del Gobierno.

El planteamiento fue hecho por la periodista Alicia Ortega, productora de El Informe, ante las conclusiones publicadas sobre el particular por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), que dice haber hecho una indagación a petición del ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, a quien libera de vínculos con las empresas contratadas.

La profesional del periodismo deploró que en su respuesta a Castillo la Digeig se centrara en aspectos que no fueron tratados por El Informe en la investigación que presentó del caso, basada en fuentes documentales, así como  consultas legales y técnicas competentes, que la hacen minuciosa.


“En su misiva a Castillo, la Dirección de Ética dice que no se pudo comprobar que haya vinculación entre las empresas contratadas y Gonzalo Castillo, pero eso nunca fue afirmado por El Informe, de manera que no lo asumimos como un desmentido”, señala Ortega.

Y agrega: “Tampoco presentamos una supuesta distracción de los 11 mil 500 millones de pesos a beneficio de la campaña electoral de ex ministro de Obras Públicas. Es otro enfoque que no nos concierne como responsables de la pieza periodística que presentamos.”

Ortega expresó que la gran interrogante sigue siendo cómo Obras Públicas, meses antes de una contienda electoral, concedió  por exclusividad la contratación de RD$11,500 millones en hormigón asfáltico caliente, cuando la ley y su reglamento claramente indican que esos procesos deben ser licitados.

Dijo que se trató de siete procesos de compras por excepción, llevados a cabo entre abril y septiembre del año pasado, mediante los cuales Obras Públicas contrató a 38 empresas preaprobadas con montos de 300 millones de pesos cada una. Algunas de las empresas beneficiadas incluían a personas allegadas a la campaña del entonces candidato.

“Nuestra investigación, realizada de la mano de abogados, expertos en compras y contrataciones, indicaba que este tipo de compras era imposible realizarla por excepción, utilizando el renglón de exclusividad, porque la ley y su reglamento indican que solo se aplica si hay un número limitado de oferentes y en este caso, encontramos por lo menos 45 empresas que suplían el producto”, concluyó Alicia Ortega.

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