Varios expertos ambientalistas advirtieron que cualquier proyecto minero en República Dominicana, como la instalación de una grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, necesita permiso social y ambiental, otorgado por la comunidad, tal como lo establece la ley vigente.
Los especialistas Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Maritza Ruiz, investigadora en industrias extractivas, coinciden en que sin ese aval comunitario, la explotación es ilegal.
Luis Carvajal, quien también es miembro de la Academia de Ciencias, destacó que en el proyecto propuesto en El Cachón aún no se ha obtenido el permiso social. Afirmó que cualquier tipo de extracción sin este aval es una violación a la ley y demanda la intervención de las autoridades.
“La comunidad ya ha manifestado su rechazo, por lo que es casi imposible que este proyecto, o cualquier otro en esa zona, obtenga el permiso. No nos confundamos: aquí todavía no hay un permiso, y será muy difícil que lo haya porque la comunidad no permitirá la explotación”, señaló Carvajal, al referirse a las protestas en contra de la grancera.
Fernando Peña aseguró que lo ocurrido en El Cachón refleja un patrón que se repite en diversas partes del país respecto a los proyectos mineros. Según Peña, el manejo irracional del gobierno en materia de minería, tanto metálica como no metálica, simula consultas comunitarias para validar los proyectos.
“Se simulan consultas y se colocan a los beneficiarios de los proyectos mineros a realizarlas. En definitiva, lo que tenemos es un incumplimiento de la ley. Si se respetaran las exigencias de la Ley de Medio Ambiente, no sucederían este tipo de irregularidades”, afirmó Peña.
Peña subrayó que la problemática no es exclusiva de El Cachón, sino que se repite en todo el territorio nacional debido a la falta de consultas reales con las comunidades afectadas.
Maritza Ruiz lamentó que las autoridades no escuchen las preocupaciones de las comunidades ni cumplan con su rol de supervisión. Aseguró que la prioridad del gobierno parece centrarse en los ingresos fiscales que las empresas mineras pueden generar.
“Penosamente, no se escuchan las voces del pueblo. Si consultas a los comunitarios de El Cachón, te expresarán su rechazo. Pero las decisiones del gobierno parecen favorecer lo que dictan las empresas mineras, porque lo que se privilegia es que paguen y ayuden a financiar el presupuesto público”, expresó Ruiz.
Luis Carvajal enfatizó que los reglamentos ambientales establecen dos momentos clave de contacto entre las empresas y las comunidades. El primero es en la fase inicial del proyecto, donde se deben presentar los beneficios y los riesgos a los habitantes locales. El segundo es durante el estudio de impacto ambiental, que debe ser sometido a una consulta pública.
“Si la comunidad no aprueba un proyecto, no se puede llevar a cabo. El permiso social es parte estructural de cualquier proyecto. Sin embargo, algunas empresas intentan eludir este requisito, buscando que se elimine de la normativa o minimizando su importancia a través de resoluciones”, advirtió Carvajal.
Los tres expertos hicieron un llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad y supervisen con rigor el cumplimiento de las leyes ambientales. Reiteraron la importancia de realizar consultas veraces y transparentes con las comunidades afectadas, garantizando que se escuchen sus opiniones antes de iniciar cualquier proyecto.
Asimismo, exhortaron a las instituciones públicas a vigilar que las empresas mineras cumplan con todos los requisitos legales y que las consultas se lleven a cabo de manera objetiva y en beneficio del interés colectivo.