El Ministerio de Medio Ambiente anunció que apelará decisiones judiciales que contravengan precedentes constitucionales.
Según grupos ambientalistas, los beneficiados por la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) tendrían acceso a 184 kilómetros cuadrados de áreas protegidas ubicadas dentro del Parque Sierra de Bahoruco, en detrimento del Estado.
Existe una discusión técnica sobre si la decisión de la Quinta Sala del TSA ordena reducir las áreas protegidas o si dispone únicamente modificar, en el catastro, los límites de esas zonas.
«Cuando tú interpretas qué es modificar un límite, ¿estoy reduciendo o no estoy reduciendo el área?», cuestionaron.
Entrevistados en el programa El Despertador, los ambientalistas advirtieron que la razón del sistema de áreas protegidas es no intervenir esos espacios, debido a la importancia que tienen para la conservación de los recursos naturales.
Revelaron que, históricamente, el TSA ha emitido dictámenes en detrimento de las áreas protegidas.
Recordaron que, por mandato expreso del artículo 16 de la Constitución, está prohibida la reducción de estas zonas, y señalaron que se trata de «una lucha constante a diario«.
Mediante una sentencia de principios de febrero, el TSA ordenó modificar los límites del Parque Nacional Jaragua para explotación turística a favor de la empresa Inversiones del Sur.
Explicaron que esos terrenos habían sido expropiados por el Estado a propietarios señalados, alegadamente, como testaferros de Trujillo.
Afirmaron que se trata de áreas inalienables e irreductibles que, en mérito al principio de no regresión constitucional, no pueden ser afectadas por su condición de patrimonio de protección nacional.
Recientemente, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora general, ordenó iniciar una investigación penal sobre posibles afectaciones y fraude inmobiliario en áreas protegidas.
Advirtieron que mientras no existan sanciones reales contra prácticas que amenazan el sistema, no podrán «descansar».
El Ministerio de Medio Ambiente adelantó que apelará las decisiones que sean contrarias a los precedentes fijados por el Tribunal Constitucional en materia de áreas protegidas.
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5 marzo 2026
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