ANJE: Nuevos tributos deben evaluarse en un pacto fiscal

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Eugene Rault Grullón, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), manifestó este miércoles que toda reforma por parte del Estado tendente a identificar nuevas fuentes de financiamiento de proyectos que imponga cualquier tipo de tributo debe evaluarse en el marco de un Pacto Fiscal.

Dijo que la posición se produjo en rechazo al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, el cual busca establecer un tributo sobre las llamadas de voz entrantes al país y a cada mini mensaje de texto SMS entrantes para financiar el sistema del 911, lo cual entienden puede identificarse de otros fondos fuera de un “parche fiscal” y así fortalecer este importante proyecto para la seguridad ciudadana.

Indicó que para el gremio empresarial es de alta preocupación cualquier propuesta recaudatoria que se limite a la creación de nuevos tributos, pues buscan aumentar la carga impositiva de manera distorsionante a ciertos sectores en términos de eficiencia y equidad.

“El Estado debe abocarse a la discusión de un pacto fiscal integral que disponga la visión país sobre el desarrollo económico esperado y la dinamización de los sectores que deberían ser fomentados por su retribución a la económica y capacidad de generar empleos de calidad, donde se revisen tanto los gastos como los ingresos para el financiamiento de proyectos y políticas públicas”, expresó Rault Grullón.

Además, alertó sobre el peligro en la aplicación del artículo 34 y otras disposiciones del proyecto de ley que permitiría al Estado Dominicano tener acceso permanente y total a todos los registros de llamadas y comunicaciones de datos de todos los ciudadanos sin que se emita una autorización judicial, como queda establecido en la Constitución, la Ley No. 153-98 General de Telecomunicaciones, la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales y diversas sentencias de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.