Santo Domingo.- En febrero de 2025, las autoridades dominicanas desmantelaron una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta organización, liderada por cuatro imputados, operaba en Santo Domingo Oeste y explotaba a mujeres colombianas, engañándolas con falsas promesas de trabajo y sometiéndolas a condiciones inhumanas.
Los imputados se presentan hoy ante las autoridades para enfrentar las acusaciones del Ministerio Público.
A continuación, basado en la madida de coerción obtenida por Noticia SIN, se describe cómo operaba esta red y cómo se lucraban a costa de las víctimas.
Las víctimas de explotación sexual, en su mayoría mujeres jóvenes de Colombia, eran captadas a través de engaños. Los imputados, especialmente Geraldyne Torres Betancur (colombiana) y Dariel Castro Santos (dominicano), les ofrecían trabajo como damas de compañía en República Dominicana, prometiéndoles buenos salarios y condiciones de vida. En algunos casos, las víctimas eran contactadas a través de amigos o conocidos en Colombia, quienes les aseguraban que el trabajo era legítimo y bien remunerado.
Una vez convencidas, las víctimas eran trasladadas a República Dominicana. Los imputados les compraban los pasajes aéreos y las recibían en el aeropuerto. Al llegar, les informaban que tenían una deuda de $3,500 USD, supuestamente por los gastos del viaje y alojamiento. Esta deuda se convertía en el mecanismo de control para someterlas.
Las víctimas eran alojadas en apartamentos del residencial MNG152, en Santo Domingo Oeste, donde vivían en condiciones de hacinamiento y vigilancia constante. Eran obligadas a prestar servicios sexuales en discotecas como Gold, Vent y The World, así como en hoteles del Distrito Nacional.
Por cada servicio sexual, los clientes pagaban $7,000 pesos dominicanos (aproximadamente $125 USD), pero las víctimas no recibían ningún pago. El dinero era depositado directamente en las cuentas bancarias de los imputados, principalmente en las cuentas de Dariel Castro Santos yJason Manuel Santana (a) Nino.
Los imputados retenían los pasaportes de las víctimas, lo que les impedía salir del país o escapar. Las amenazaban con hacer daño a sus familias en Colombia si intentaban huir o denunciar la situación. Una de las víctimas relató que, cuando una joven logró escapar, los imputados le exigieron que enviara a dos nuevas víctimas para «cubrir su deuda».
Los imputados se lucraban de manera significativa con la explotación sexual de las víctimas. Además de recibir el dinero de los servicios sexuales, les cobraban por la alimentación y el alojamiento, aumentando así la deuda de manera interminable. Utilizaban plataformas en línea, como la página web Skokka, para promocionar a las víctimas y gestionar citas con clientes. Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias o en efectivo, y los imputados controlaban todas las transacciones.
Melisa (nombre ficticio fue contactada a través de un amigo en Colombia, quien le aseguró que en República Dominicana podría ganar buen dinero como dama de compañía. Al llegar, le informaron que debía $3,500 USD y que tendría que trabajar como prostituta para pagar la deuda. Fue obligada a prestar servicios sexuales en un hotel del Distrito Nacional. Por cada servicio, los clientes pagaban $7,000 pesos, pero Melisa no recibía nada. El dinero era depositado en la cuenta de Jason Manuel Santana (a) Nino.
Cuando intentó protestar, le dijeron que si se escapaba, harían daño a su familia en Colombia.
En el caso de Karen, fue captada por Geraldyne Torres, quien le prometió un trabajo legítimo en República Dominicana. Al llegar, le quitaron su pasaporte y la obligaron a trabajar en una discoteca. Karen relató que, además de los servicios sexuales, era obligada a consumir marihuana y alcohol para «relajarse» antes de atender a los clientes. Los imputados le decían que su deuda nunca se reduciría porque le sumaban gastos de alimentación y estadía.
Laura, por su parte, fue rescatada durante un allanamiento en el edificio de la calle Fabio Fiallo. Relató que fue engañada con la promesa de un trabajo como mesera, pero al llegar la obligaron a prostituirse. Laura explicó que los imputados las trasladaban en un vehículo Hyundai Sonata blanco, propiedad de uno de los miembros de la red, para llevarlas a los lugares donde debían atender a los clientes.
Las víctimas sufrieron graves daños físicos, emocionales y psicológicos. Muchas de ellas llegaron al país con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, pero se encontraron atrapadas en un ciclo de explotación y violencia.
Durante los allanamientos, las víctimas fueron rescatadas y puestas bajo custodia del Ministerio Público. Se les brindó atención médica y psicológica, y se iniciaron los trámites para su repatriación a Colombia.
La red de explotación sexual desmantelada en República Dominicana es un ejemplo claro de cómo operan las organizaciones de trata de personas. Los imputados utilizaban el engaño, la coacción y la violencia para explotar a mujeres vulnerables, lucrándose a costa de su sufrimiento. Este caso destaca la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección para combatir este delito.
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