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APD pide al presidente Medina pronunciarse sobre caso Residencial El Progreso

APD pide al presidente Medina pronunciarse sobre caso Residencial El Progreso
APD pide al presidente Medina pronunciarse sobre caso Residencial El Progreso

El secretario general de la Alianza por la Democracia, Carlos Sánchez.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El secretario general de la Alianza por la Democracia, Carlos Sánchez, pidió al presidente Danilo Medina expresar su posición y la del gobierno ante el escándalo suscitado con la asignación y posterior entrega de los apartamentos ubicados en el Residencial El Progreso, de esta capital.

Dijo que el país merece una explicación sobre la forma en que fueron otorgados los apartamentos de lujo a funcionarios públicos, a familiares y miembros del Partido de la Liberación Dominicana violando reglamentos, disposiciones y  leyes del país sobre el derecho a la vivienda.

“Lo realizado por el gobierno es un hecho que llena de consternación vergüenza al pueblo dominicano. Es una práctica perversa que solo contribuye al ensanchamiento de las desigualdades sociales del país”, resaltó el político.

Consideró además, que la nación debe conocer cuál es la posición del presidente frente a actos de corrupción como el que se pretende materializar.

“Es una verdadera lástima que las  políticas del gobierno frente al enorme déficit habitacional existente sea la construcción de apartamentos de lujo para entregárselo  a los que lo pueden comprar y no a los que más lo necesitan”, expresó Sánchez.

Los 180 apartamentos del Residencial el Progreso, ubicados en la Avenida Luperón, casi esquina Anacaona, en Santo Domingo, supuestamente fueron entregados por el Instituto Nacional de la Vivienda a funcionarios públicos sin que se conozcan hasta ahora los criterios de adjudicación.

Entre las facilidades otorgadas a los adquirientes se encuentran el financiamiento del 50% del valor de la propiedad con el Banco de Reservas.

La cuota inicial de cada apartamento en las Torres El Progreso fue de unos 900 mil pesos y financiaron unos 2.2 millones, o sea que el Estado asumió unos 2 millones del costo de cada vivienda que ascendía a unos 5.3 millones.

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