Este lunes abogados de Anibel González, una de las mujeres ultimadas por uno de los favorecidos con el acuerdo, interpusieron una querella formal en contra de la acusada Margarita Hernández.
REDACCIÓN CENTRAL.- Hasta dos años de prisión podría enfrentar la fiscal suspendida de San Pedro de Macorís acusada de validar dos acuerdos penales abreviados que permitieron la excarcelación de dos hombres que tras salir de la cárcel le quitaron la vida a sus parejas en la referida demarcación.
Este lunes abogados de Anibel González, una de las mujeres ultimadas por uno de los favorecidos con el acuerdo, interpusieron una querella formal en contra de la acusada Margarita Hernández.
En la querella contra la suspendida fiscal, la defensa de la asesinada abogada Anibel González solicitan un año de prisión preventiva para fines de investigación y ya para un posible juicio de fondo piden 20 años de prisión y 100 millones de pesos de indemnización a favor de los familiares de la víctima.
Asimismo exigen la apertura de una investigación que incluya a más de 10 personas por su presunta complicidad con la ex directora de la Unidad de Violencia de Género, Margarita Hernández Morales.
Según el abogado Candido Simó, quien acudió este lunes al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, la fiscal suspendida podría enfrentar desde seis hasta dos años de prisión por asociación de malhechores, falsificación de documentos, soborno y prevaricación, aunque dijo no estar de acuerdo con que Hernández permanezca detenida.
De su lado, el abogado de Hernández Morales, aseguró que si la firma de Anibel fue falsificada, su defendida no estaba presente en ese momento y manifestó que la imputada no es la única autorizada ni estaba facultada para validar por si sola dicho acuerdo.
Se recuerda que además del acuerdo que excarceló del feminicida de Anibel González, Hernández también permitió convenio que dejo en libertad al responsable de la muerte de Juana Domínguez Salas, la pasada semana en San Pedro de Macorís.
Será el jueves a las 2 de la tarde cuando se le conozca medida de coerción a la suspendida fiscal.
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