Ante la exigencia de los cinco militares y 11 civiles implicados en la denominada Operación Frontera para que el Ministerio Pública les entregue todas las pruebas en su contra por el supuesto tráfico de migrantes haitianos, el juzgado de la instrucción de Montecristi aplazó para el 3 de marzo la audiencia de solicitud de medidas de coerción.