En el expedientes acusatorio en contra de los siete implicados en la Operación FM, por la cual el Ministerio Público desmanteló una banda que supuestamente se dedicaba a lavar activos provenientes del narcotráfico, no solo se resalta la solicitud de 18 meses de prisión preventiva para los involucrados y que el caso se declare complejo, sino que solicita el cese de las operaciones, hasta que concluya el proceso, de empresas en las que aparecen algunos de los implicados como titulares de las mismas.