Santo Domingo.- La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decretó el abandono de la defensa del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, imputado por corrupción en el Caso Coral, y aplazó la audiencia para el próximo 29 de noviembre, día en que deberá presentarse con un representante legal o ser asistido por la Defensoría Pública.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó como incomprensible y reprochable la actitud procesal de la defensa del imputado, ya que son quienes presentaron un recurso sin asistir al tribunal a defender su postura.
“Por eso, nosotros, en el día de hoy hemos solicitado al tribunal que decrete el abandono de esa defensa para que esta persona sea asistida por otro defensor de su elección o por la Defensa Pública y el tribunal ha acogido el pedimento del Ministerio Público y ha decretado el abandono de la defensa”, dijo Camacho.
El tribunal recordó que el pasado lunes el abogado José Francisco Aquino, presentó un parte médico en el que indicaba que debía someterse a una prueba para la detección de la COVID-19, por lo que decidió suspender la audiencia ante sus alegatos de sospecha de estar afectado por el virus.
Sin embargo, este miércoles el abogado presentó otro parte médico que establece que debe guardar distanciamiento por diez días ante una sospecha de COVID-19, basado en una prueba rápida que se realizó en el día de hoy.
En mayo pasado el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del sargento Montero Cruz, así como del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Posteriormente, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional les confirmó a todos la medida de coerción, que ahora fue apelada por el imputado Montero Cruz.
El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
